Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona, acusaron al mal gobierno de buscar acabar con nuestros pueblos y territorios. No respeta las diversas culturas del país, sólo quiere imponer la cultura del mercado y el capitalismo con sus reformas a la Constitución y las leyes privatizando el petróleo, el viento, las playas, la educación, aumentando los impuestos, quitando derechos laborales y beneficiando a las empresas nacionales y extranjeras.

La ley no es respetada por el mal gobierno, pues imperan el dinero y el poder de caciques, finqueros y empresarios, quienes obedecen a intereses contrarios a la dignidad de comunidades, pueblos y sociedad en general.

Señalaron que su actual resistencia como pueblo tzeltal no es por el poder político o económico, es por la dignidad y la autonomía, porque queremos seguir siendo lo que somos; aunque al gobierno no le gusta y nos quiera cambiar de pensamiento, somos dignos y orgullosos de la herencia de nuestros abuelos y abuelas.

Exigieron nuevamente la liberación de Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez, torturados y acusados injustamente. Al primero lo acusan seis policías estatales, especializados y federales, de que los quiso asaltar la madrugada del 8 de agosto de 2011. Esos agentes lo habían secuestrado la víspera en la comunidad de Sasamtik, municipio de Chilón, por ser de nuestra organización. Le sembraron una pistola calibre .38 descargada y dos machetes, con los que supuestamente asaltó a los policías que viajaban en sus unidades; éstos lo torturaron durante todo un día para que se declarara culpable.

El segundo, Demeza Jiménez, acusado de robo y secuestro, es inocente y se está demostrando, pues el 13 de agosto ganó un amparo que prueba la grave violación a sus derechos humanos.

El gobierno no pide permiso a las comunidades sobre los proyectos o negocios que dice son para nuestro beneficio, sino que “compra algunas autoridades de nuestras comunidades, como al ex comisario ejidal Francisco Guzmán Jiménez (Goyito) y el comisario Alejandro Moreno Gómez, y utiliza la fuerza pública para atemorizarnos”.

Los ejidatarios sostienen que las autoridades han sembrado la división comprando a esos comisarios, en el cargo desde 2007. Advirten que seguirán defendiendo el amparo 274/2011, interpuesto en Tuxtla Gutiérrez, pues Moreno Gómez y Guzmán Jiménez están metiendo falsas actas de asamblea para echarlo abajo, sin firmas de la asamblea general, pero no lo han logrado. El 20 de agosto los ejidatarios solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estudie nuestro amparo y se proteja nuestro territorio.