La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma financiera, que busca flexibilizar el otorgamiento de créditos de la banca comercial y de desarrollo, aunque ello dependerá de un sistema de garantías que, sin embargo, facilitará el cobro fast track de las deudas, mediante juicios mercantiles que incluyen el arraigo domiciliario de deudores, con la figura de radicación de persona.

Esta medida precautoria, explicó Movimiento Ciudadano, se impone en el Código de Comer­cio y se equipara al delito de desobediencia de particulares impuesto en el Código Penal, y se completa con la retención de bienes del deudor, cuando se inicie un juicio mercantil en su contra. Se protege a los grandes acreedores y se condena a perder la libertad a los deudores, cuestionó el coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal Ávila.

Además, diputados de PRD y PT lamentaron que la reforma no equilibra los derechos de los usuarios de servicios financieros con el poder, que se mantiene intacto, de los bancos para cobrar altas tasas de interés y comisiones urureras.

El pleno desahogó el dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y de Justicia sin admitir ninguna de las 190 reservas, fuera de las negociadas con la Secretaría de Hacienda, y con la mínima discusión del documento, aun cuando éste constaba de más de mil 500 cuartillas.

Incluso, diputados de PT y Movimiento Ciudadano reprocharon que la mayoría avaló la reforma sin haber leído el dictamen.

Una vez más, la corriente de Nueva Izquierda (los chuchos) del PRD se sumó a los votos de PRI, PAN, PVEM y Panal, por lo que la posición de la bancada volvió a dividirse e incluso el perredista Fernando Cuéllar aseguró que quienes votaran contra la reforma serían cómplices de los poderes fácticos, que no quieren que cambien nada.

Con 383 votos, 63 en contra (de un sector del PRD, así como PT y Movimiento Ciudadano) y 14 abstenciones, entre éstos el de la petista Lilia Aguilar y de panistas como el ex vocero de la Presidencia Max Cortázar.

Durante la discusión, los grupos legislativos de PAN, PRD y PT señalaron que sólo se trata de un primer paso hacia la disminución, en algún futuro, de las tasas y comisiones que cobran los bancos que, cuestionaron, actúan en una especie de oligopolio, que mantiene al país como su principal fuente de ingresos en todo el mundo por los cobros abusivos a los usuarios.

El diputado José Ángel González (PAN) reprochó que este oligopolio bancario se pone de acuerdo en las tasas de interés que cobran los cuatro bancos extranjeros en el país. No estamos aprobando la reforma para regular las comisiones y los intereses que cobran en tarjetas de crédito e hipotecas.

Señaló que este control tendría que estar a cargo del Banco de México. El señor (Agustín) Carstens tiene atribuciones de regular los intereses y las comisiones y no ha asumido su responsabilidad. Desde aquí le exigimos que la cumpla.

A su vez el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, denunció que el oligopolio bancario viene a velar por sus intereses. En el corralito (palco de invitados) hay decenas de cabilderos de los grupos financieros que dominan la banca, que deseosos vienen a ver cómo se aprueba esta reforma regresiva.

Las bancadas de PRI, PAN y PVEM admitieron que aun cuando se busca dar mayor acceso al crédito, la reforma sólo generará condiciones que permitan incentivar el otorgamiento de recursos por parte de la banca comercial.

El diputado Tomás Torres (PVEM) dijo: esta reforma no dará para modificar la realidad y ojalá podamos transitar del papel a esa realidad.

Las diputadas Zuleyma Huidobro y Lilia Aguilar, de MC y PT, cuestionaron que el nuevo sistema de garantías no asegura el crédito y se mantiene el desequilibrio entre los derechos de los bancos y los usuarios.

Lilia Aguilar resaltó que aun cuando la reforma acota el sistema de quiebra de los bancos, para evitar que se repitan maniobras como la que llevó al Fobaproa, no se suprimieron las prácticas abusivas de los bancos y los usuarios tendrán que esperar cinco años para desaparecer del buró de crédito, aunque ya hayan pagado sus deudas.

La diputada Rosa Elia Romero (PT) planteó que el Banco de México debía imponer límites a las comisiones y las tasas de intereses, para que se basen en la realidad del mercado y que permita a los deudores en morosidad contar con mayores oportunidades de estabilidad financiera, liquidar sus deudas y contar con garantías para gozar de un crédito futuro.