La Cámara de Senadores ya tiene listo un proyecto de dictamen para reformar el Código de Justicia Militar (CJM), en el cual se establece que aquellos integrantes de las fuerzas armadas que cometan violaciones a derechos humanos serán juzgados por tribunales civiles. El fuero se mantendrá exclusivamente para asuntos de disciplina castrense.

El proyecto, que elimina el fuero militar y modifica por completo el CJM, se someterá a consulta mediante foros públicos a los que se ha invitado a representantes de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como a académicos y organizaciones sociales.

La secretaria de la Comisión de Justicia, Arely Gómez, señaló que escucharán con atención al alto mando militar, el próximo viernes 27, y a los asistentes a los foros públicos, que se llevarán a cabo entre el 23 y 26 de este mes, con el propósito de incorporar sus propuestas al dictamen.

Sostuvo que el objetivo de los integrantes de la comisión, así como los de la Defensa Nacional y Estudios Legislativos, es modernizar el CJM, que data de 1930. Por ejemplo, alude a la Secretaría de Guerra y Marina, desaparecida hace décadas.

Gómez explicó que es el segundo proyecto de dictamen que consensúan y se basa en las ocho iniciativas en la materia que hay en el Senado, entre ellas la que presentó el ex presidente Felipe Calderón, además de que toma en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano, las recomendaciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en materia de fuero militar.

Incompatible con la Constitución

En el proyecto de dictamen se advierte que la redacción del artículo 57, fracción II, del CJM, que remite a la justicia castrense a integrantes del Ejército que cometan delitos contra civiles, resulta incompatible con el artículo 13 constitucional, los artículos segundo y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles.

Frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.

Se plantea, por tanto, restringir la jurisdicción militar sólo a aquellos delitos que efectivamente atenten contra la disciplina castrense y por eso se propone modificar integralmente el artículo 57 del código, para que queden excluidos del fuero militar todos los delitos en los que se encuentren implicados paisanos, en sintonía con la fórmula que emplea el artículo 13 de la Carta Magna.

La senadora Gómez González detalló que entre las reformas está la sustitución de la policía judicial ministerial militar, por la policía ministerial militar y la creación de la figura de jueces de ejecución de sentencias, como parte de la restructuración del sistema de reinserción social y la modificación y duración de las penas para militares, en casos de disciplina castrense.

Explicó que se decidió sustituir el término pena corporal por el de pena privativa de la libertad, porque el primero se considera ofensivo en cuanto a la dignidad de la persona. Asimismo, a fin de procurar la defensa de los derechos humanos de los militares, se sustituye la palabra reo por la de acusado, procesado o sentenciado, según el momento procesal.

Se derogan conductas delictivas que contiene ese código, como las de maltrato a prisioneros, presos y heridos, pillaje, devastación y merodeo, así como apropiación de botín, contrabando, saqueo y violencia contra personas, que están actualizadas en otros tipos penales.