l martes el Senado ratificó el nombramiento de los siete comisionados y comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), creado en junio pasado por una reforma constitucional como órgano regulador de las telecomunicaciones en el país.

La Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), organismo civil integrado por académicos, profesionales y luchadores sociales por el derecho a la información en México, celebró los nombramientos de Adriana Lombardini y Fernando Borjón, pero cuestionó el proceso de designación de los otros cinco, por poco claro, no ajustarse a lo estipulado en la Constitución, y porque no cumplen con las exigencias de experiencia e independencia necesarias respecto del gobierno, los partidos políticos y las empresas a las que deberán regular.

En un comunicado difundido ese mismo día, la Amedi expresa que cuatro de los siete nuevos comisionados carecen de experiencia en telecomunicaciones. Otro, ex directivo de una empresa asociada a Telmex, incumple con el plazo que la Constitución señala para comisionados que trabajaron en empresas que tendrán que regular (mínimo tres años antes). Una más, tiene un claro conflicto de intereses, al haber brindado asesoría a una empresa de telecomunicaciones en un litigio contra el gobierno de México ante la Organización Mundial de Comercio.

Por todo ello la Amedi, que también denuncia la falta de rigor de la mayoría de los senadores en el examen de los nombramientos propuestos por el Ejecutivo Federal, su cobardía y su subordinación a una decisión política tomada con precipitación y forzada por consideraciones ajenas a la radiodifusión y las telecomunicaciones, afirma con razón que el nuevo Ifetel, en el que descansa buena parte del destino de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país, nace contrahecho.

En efecto, en una nota publicada el miércoles 11 en La Jornada, se informa que el nuevo organismo, al que corresponden responsabilidades tan relevantes y atribuciones muy amplias, será presidido por alguien cercano a Felipe Calderón, de quien fue consejero jurídico adjunto, pero que no tiene ninguna experiencia en telecomunicaciones. Y se dice que de acuerdo con legisladores que participaron en la negociación de las designaciones, la fracción del PAN condicionó al PRI votar por los siete comisionados, a cambio de que Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar fuera el presidente del Ifetel (p. 27).

Ya el 2 de septiembre, la Amedi había advertido que en las listas de candidatos elaboradas por un comité de evaluación, integrado por el Inegi, el Banco de México y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, predominaban funcionarios y ex funcionarios que no tenían la diversidad política ni profesional que se requiere para conducir el Ifetel, así como personeros de empresas telefónicas, asesores de televisoras, e incluso una ex directora de la Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión entre las y los aspirantes. Y que en cambio había pocos especialistas en derecho de la información y, sorprendentemente, casi ningún ingeniero.

Por ello, la Amedi exigió desde entonces al comité de evaluación que publicara la relación completa de los que presentaron examen, las calificaciones de cada uno de ellos, y los criterios con los que se tomaron en cuenta experiencia, trayectoria y el trabajo escrito que debieron presentar. Al no haberse cumplido con este justo reclamo ciudadano, la Amedi exige ahora con más razón al Congreso que tome responsablemente en cuenta la iniciativa ciudadana para una ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión, que la Coalición Ciudadana Democracia y Medios, conformada por 300 organizaciones sociales y cerca de 500 personalidades del ámbito académico, intelectual y artístico, entre otros, entregó el 4 de septiembre al consejo rector del Pacto por México, y el pasado lunes a la Junta Directiva de la Cámara de Diputados. Y de nueva cuenta ratifica su voluntad de no abandonar su posición crítica y vigilante en estas materias.

La iniciativa ciudadana consta de 13 títulos y 392 artículos. Entre ellos, destacan las hipótesis relacionadas con los derechos de las audiencias del servicio público de la radiodifusión y de los usuarios de las telecomunicaciones; la neutralidad de la red para garantizar el más libre acceso a las nuevas tecnologías de la información; la transparencia en el otorgamiento de concesiones de uso comercial, público y social, con un régimen simplificado para comunidades indígenas; condiciones de financiamiento para el desarrollo de los medios públicos y sociales; criterios puntuales para determinar la dominancia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones para la aplicación de regulaciones asimétricas y límites a la concentración, incluyendo la propiedad cruzada de medios; fortalecimiento y cuotas de pantalla para la producción independiente audiovisual; garantía del derecho de réplica en medios electrónicos; criterios y límites a la publicidad comercial; un capítulo específico para regular las características, fines y operación de los medios públicos; regulación de contenidos para la protección de la niñez, la promoción de los derechos de las mujeres, los pueblos originarios y personas con discapacidad, entre otros; prioridad en la cobertura social en materia de nuevas tecnologías y servicios de telecomunicaciones para atender zonas rurales, urbanas marginales, y pueblos y comunidades indígenas, así como la cláusula de conciencia como derecho de los trabajadores de radio y televisión.