En la ciudad de México no se dará marcha atrás en los derechos conquistados por los adultos mayores, en especial en lo que se refiere a la pensión alimentaria, afirmó la secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Cuestionada sobre la propuesta de pensión universal que anunció el presidente Enrique Peña Nieto para mayores de 65 años, la cual eliminaría el apoyo que se otorga en la capital, la secretaria respondió: Nosotros vamos a defender hasta las últimas consecuencias los derechos sociales ganados por los adultos mayores.

Remarcó que si ya hay una ley en el Distrito Federal para otorgar la pensión alimentaria a partir de los 68 años de edad, no se les puede quitar ahora. No vamos a aplicar de forma retroactiva ninguna ley lesiva a los adultos mayores.

Llamado a legisladores

Rodríguez Velázquez hizo un llamado a los diputados y senadores a revisar bien la iniciativa presidencial y cuidar que no se afecte a este sector de la población. Confiamos en su sensibilidad, no pensamos que vayan a aprobar algo que va en contra de los adultos mayores del DF.

Rodríguez Velázquez afirmó que tiene la orden del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de cuidar que este programa siga apoyando a las personas mayores. Tenemos la instrucción de darles certeza de que no van a ver afectada su economía por la pensión federal.

La reforma de seguridad social que el gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados prevé la creación de la pensión universal para adultos mayores y el seguro de desempleo.

En el caso de la primera plantea como requisitos para acceder a ese beneficio que la persona no reciba otro tipo de pensión y tenga un ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos, es decir, 945 pesos.

Hace un par de días la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del DF, Ernestina Godoy, explicó que los artículos primero transitorio, fracción 1, y tercero de la iniciativa establecen “que las entidades federativas que cuenten con programas para los adultos mayores podrán continuar otorgándolos durante un periodo de transición –el tiempo en que las entidades deberán homologar sus leyes y programas con los del gobierno federal– y después desaparecerán”.