El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) entregó a un grupo de diputados perredistas una propuesta para reformar el artículo cuarto de la Constitución para que a todos los mexicanos se les garantice el derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad.

El legislador Roberto López Suárez informó que se analizará la propuesta del SME para determinar su viabilidad.

El proyecto de iniciativa refiere que de 2000 a la fecha el precio medio de la tarifa doméstica de energía eléctrica se incrementó 125 por ciento, y en México ese servicio se ha convertido en una mercancía de lujo, pues ubica al país en el rango de las naciones con las tarifas eléctricas más caras del mundo.

A esto se suma, refiere el documento, que la política represiva en la materia resulta en un incremento exponencial del número de cortes de los servicios de energía eléctrica en todo el país: en 2012 se aplicaron 219 mil cortes, afectando a usuarios domésticos en su mayoría.

En el servicio público la generación de electricidad pasó de 191 mil gigavatios en el 2000 a 157 mil gigavatios en 2009, mientras que los permisionarios generaron hace 13 años 12 mil 900 gigavatios y en 2009 el registro fue de 105 mil 900 gigavatios.

Tarifa social

Así, en medio de estas disparidades, la propuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas refiere que existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia de una forma u otra, de manera explícita o implícita, al derecho humano a la energía eléctrica, por lo que planteamos enérgicamente que el servicio deje de ser considerado como una mercancía y pase a ser instaurado en la Constitución como un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado.

Los instrumentos internacionales a los que hace referencia el SME son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y Beneficio de la Humanidad.

Por tanto, el artículo cuarto constitucional incluiría que toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad.

El Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica con una tarifa social justa.