La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizará una evaluación de la actuación de las autoridades capitalinas, principalmente los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, desde la llegada de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la ciudad.

Lo que vamos a hacer es la evaluación de todos estos días. Todavía está abierta la investigación y en su caso valoraremos si hay recomendación; estamos evaluando los distintos momentos donde hubo contactos, expuso el presidente del órgano autónomo, Luis González Placencia.

Manifestó que varios visitadores intervienen en el análisis, con mayor detenimiento en dos momentos importantes o los más álgidos de las movilizaciones: el 1° y el 13 de septiembre pasados. Todo es sobre la intervención y, por supuesto, lo que pasó el primero y la del viernes pasado. Los dos momentos donde intervino la policía local.

Visitadores de la CDHDF han documentado en todo momento marchas, plantones y protestas del magisterio, porque, a pesar de ser un conflicto que compete al gobierno federal, los cuerpos de seguridad de la capital han tenido que intervenir y reguardar las protestas que han afectado la vida cotidiana de la ciudad.

Hasta el momento la comisión ha recibido 50 quejas, que también revisa, sobre las molestias y afectaciones que han tenido los habitantes de la ciudad. Otras más que competen al ámbiento federal se han enviado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como fue el caso de la presentada por el diputado local del Partido del Trabajo Rodolfo Ondarza Rovira, quien fue detenido durante el desalojo del Zócalo, el pasado viernes.

Sobre las detenciones del primero de septiembre, González Placencia recordó que hubo pocas que siguen en investigación; parece que una no está clara, es la de un fotoreportero, y de ésa ya se integra la información.

El primero de septiembre 16 personas fueron detenidas por los disturbios durante la marcha de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de los cuales siete fueron consignados ante el juez 23 de delitos no graves, Fausto Agustín Favela Ayala, quien determinó someterlos a proceso por los delitos de ultrajes a la autoridad, contra el ejercicio legítimo de la autoridad y resistencia a particulares.

En todo ese tiempo, familiares de Gustavo Ruiz Lizárraga señalaron que el joven fotógrafo fue detenido al realizar su trabajo, pues documentaba con su cámara la detención de jóvenes en las inmediaciones de la estación San Antonio Abad de Metro, cuando se lo llevaron los polcías.