Artesanos de la pirotecnia se manifestaron ayer durante cuatro horas frente al palacio municipal de Tultepec, estado de México, para denunciar que su compañero Roberto Luna, de 70 años de edad, fue secuestrado hace 10 días, y para demandar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEM) que investigue y dé con los raptortes.

Él salió a la calle luego de recibir una llamada telefónica a las 19:30 horas del domingo 8 de septiembre; después nos llamaron los delincuentes y exigieron siete millones de pesos, narró Patricia, hija de Roberto Luna.

¿De dónde sacamos ese dinero? No tenemos. Pero tampoco podemos vivir con el miedo; por ello salimos a exigir respuesta de las autoridades, agregó la mujer, acompañada de amigos y vecinos del barrio Santa Isabel.

Congregados en la explanada del palacio municipal, los colonos crearon brigadas para buscar a Roberto Luna en predios baldíos, construcciones abandonadas, cañadas y canales del municipio. Dijeron temer por la vida del secuestrado, pues la familia pagó sólo parte del rescate. Varios grupos se dirigieron a predios de Tultepec y del municipio de Nextlalpan.

Hace más un mes secuestraron al artesano Jaime Oviedo y su cadáver fue encontrado en lotes baldíos en los límites con Nextlalpan, comento el vecino Eloy Hernández.

Horas antes, el presidente municipal Sergio Luna organizó una reunión a la que acudieron representantes de la Policía Federal (PF), de la PGJEM y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El alcalde comentó que en dos años se han cometido 10 secuestros en Tultepec.

En la reunión se acordó crear una base de operaciones mixtas (BOM) con soldados y agentes de la PF, la SSC y la PGJEM para enfrentar a secuestradores y extorsionadores, entre otros criminales.

En Hidalgo, integrantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) del Valle del Mezquital bloquearon el Arco Norte, cerca de la comunidad Teocalco, en Tula de Allende, así como la carretera Tula-Actopan, en demanda de que las autoridades estatales frenen a policías estatales, ministeriales y municipales, a los que acusan de extorsiones y despojo.

Rodrigo Tovar Esquivel, coordinador de la UCD, dijo que los agentes obligan a pagar desde 100 hasta 5 mil pesos a militantes de esa organización dueños de vehículos de procedencia extranjera, principalmente de los municipios de Huichapan, Nopala, Tula y Tecozautla.