Brasilia, 18 de septiembre.

La titular de la estatal brasileña Petróleo Brasileiro (Petrobras), Maria de Graça Foster, afirmó este miércoles que no existen pruebas de que el sistema informático de la petrolera haya sido espiado por los servicios secretos de Estados Unidos para dar ventaja a compañías estadunidenses en una licitación para la explotación de un yacimiento.

No tenemos registros de acceso a informaciones, afirmó la ejecutiva, al declarar ante el Senado sobre las sospechas de espionaje del sistema de comunicaciones de la empresa por parte de la estadunidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA).

El espionaje de Estados Unidos a las computadoras de Petrobras fue denunciado hace diez días en un reportaje de TV Globo Brasil, con base en documentos filtrados por el ex consultor del servicio secreto de Estados Unidos Edward Snowden, asilado en Rusia.

Según los documentos, la NSA logró acceder a la red privada de computadoras de Petrobras que incluye computadoras utilizadas principalmente para realizar las investigaciones sísmicas, que evalúan las reservas de petróleo a partir de pruebas realizadas en alta mar.

No obstante, Foster aseveró hoy que no hay indicios de acceso no autorizado a informaciones internas de Petrobras. No hay evidencias de un ingreso al sistema, ni de que hayan sido capturadas informaciones del sistema Petrobras, dijo a los legisladores que integran la Comisión Parlamentaria de Investigación.

La presidenta Dilma Rousseff postergó un viaje a Estados Unidos programado para el 23 de octubre a la espera de que Washington explique por qué espió sus comunicaciones personales y las de otros ciudadanos y empresas brasileñas.

La ejecutiva subrayó además que Petrobras, que maneja un volumen anual de negocios de 90 mil millones de dólares, no suele utilizar Internet para transmitir informaciones estratégicas a la agencia reguladora del sector de petróleo, ANP, sino que lo hace en forma física, mediante entregas de CD y DVD.

Por otra parte, la Suprema Corte brasileña abrió un nuevo proceso a 12 de 25 empresarios y políticos del gobierno y del partido del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, ya condenados por corrupción pero que pidieron revisión de sus sentencias.