Buenos Aires, 19 de septiembre.

Españoles residentes en Argentina celebraron hoy la decisión de la juez federal María Servini de Cubría, quien ordenó la detención con fines de extradición de cuatro torturadores durante la dictadura del ya fallecido general Francisco Franco en España (1939-1975), en la causa que investiga en Argentina los crímenes de ese régimen, en el ejercicio de la justicia universal.

La magistrada solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la detención para una posterior extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Franco y de la casa real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González y el ex inspector José Antonio González Pacheco, a quien se conoce como Billy el niño.

Asimismo, pidió la colaboración del gobierno de España en todo el tiempo que dure el proceso judicial.

Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención, dice la juez en su escrito, al especificar que debe realizarse el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria.

A partir de esta comunicación, los requeridos pasan a ser imputados en la investigación que parte de una querella presentada desde 2010 y que tomó impulso este año, registrándose una cantidad de testimonios, por parte de víctimas de la dictadura franquista, que dejó decenas de miles de muertos, desaparecidos y exiliados.

Muchos refugiados se afincaron aquí, en varios países de América Latina y el mundo.

La negativa y la falta de voluntad gubernamental en España por abrir los expedientes para juzgar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista, alentaron a las víctimas, muchas de las cuales llegaron en agosto aquí.

Existe además una cantidad de testimonios por video conferencia que aún no están en este proceso. En la causa también se querella por niños robados en España en ese periodo histórico.

Servini de Cubría es titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, donde se tramita esta única querella en el mundo por crímenes del franquismo.

El escrito enviado por la magistrada tiene 209 páginas, en las cuales se señala que los delitos imputados a los ex funcionarios constituyen crímenes de lesa humanidad y son imprescriptibles. En este caso los responsables de estos delitos están sujetos a la aplicación del principio de jurisdicción internacional.

De estos escritos surge que hasta 2011, González Pacheco, de 67 años, se desempeñó como jefe de tráfico de Loomis, una empresa de transporte del grupo Securitas. Fue reconocido en las sesiones de tortura, junto a otros compañeros que colgaban a las víctimas de las muñecas a un radiador para usar su cuerpo como saco de golpes en sus habituales prácticas de karate, entre otros tormentos.

También se aplicó a los prisioneros, lo que aquí se llama el submarino y en España la bañadera, que es el método de hundir la cabeza de la víctima en un tacho con aguas estancadas hasta que perdiera el conocimiento. El ex prisionero José María Galante Serrano es una de las víctimas que reconoció a González Pacheco y que a partir de las torturas quedó incapacitado. Las descripciones de las torturas que constan en las presentaciones de las víctimas en la querella son muy dolorosas.

Víctimas narran tormentos

Luis Suárez Carreño dice que llegó a imaginarse que saltaba por la ventana de la sala de interrogatorios. Cualquier cosa me parecía deseable para acabar con esas sesiones de tortura, declaró.

Giralte González, de 71 años, fue denunciado por sus propios subordinados en 2000 y sancionado mientras se desempeñaba como comisario jefe de Alcobendas. Integró como Billy el niño, la Brigada Político Social (BPS), fuerza que actuó como policía del régimen franquista. Alfredo Rodríguez Bonilla lo reconoció a él y al inspector Jesús González Reglero como los agentes policiales que lo torturaron.

Galván Abascal, de 78 años, fue guardaespaldas de Franco y fue trasladado de la escolta de la casa real a la delegación de gobierno de Madrid, donde el 30 de enero de 1989 fue nombrado comisario jefe de Seguridad Ciudadana y reconocido por Acacio Puig Mediavilla como su torturador y diseñador de estrategias de sufrimiento que padeció junto a otros en los calabozos de la Dirección General de Seguridad.

Muñecas Aguilar, de 74 años, ingresó a la Guardia Civil en 1961. En 1968 fue a la comandancia de Zarautz, su primer destino, donde fue acusado entonces de malos tratos. Estuvo al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Tolosa hasta 1976, pero fue relevado de ese cargo por haber torturado a la sindicalista Amparo Arangoi, obrera de la Papelera Sarrió, en Leiza, Navarra.

Jon Ugutz Arrizabalaga Basterrechea presentó una denuncia en su contra por las torturas impuestas a su hermano Andoni, luego de ser detenido el 18 de agosto de 1968.

Muchos más datos y nombres de ex torturadores están en esta querella y por eso se estima que este es sólo el comienzo de lo que vendrá.

El abogado Carlos Slepoy , víctima de la dictadura argentina y refugiado en España, tiene la experiencia de haber participado en los juicios que en los años 90 se abrieron en ese país para juzgar a los militares argentinos que estaban amparados entonces por las leyes de impunidad aquí.

Ahora luchan junto a las víctimas españolas para juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura franquista mediante la querella que hoy ha tenido un paso muy importante, que sin duda hará mucha presión.

Sostiene que existe una gran esperanza en estos momentos y que si el gobierno español no accede a esta demanda el único refugio que tendrán (los imputados) en el mundo será el lugar donde cometieron esos crímenes. Además en estos días presentarán otros nombres de responsables de crímenes de lesa humanidad en España y habrá nuevos testimonios.

Estima que sin duda “será una presión muy fuerte para España y que a pesar de la sentencia que dictó el Tribunal Supremo de ese país respecto de que estos crímenes no se podían investigar por la vigencia de la ley de amnistía, por prescripción o el principio de ilegalidad y otros argumentos, confiamos en que haya jueces y fiscales en España que se atrevan a proceder porque son crímenes perpetrados en uno de los mayores genocidios que del siglo XX, si se miran las impresionantes cifras de las víctimas del franquismo.