os grandes corporativos que operan en México pueden estar tranquilos, que su festín se mantiene intocado: la iniciativa fiscal del gobierno peñanietista no trascenderá el discurso. Ya lo reconoció, en cortito, el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray: la reforma hacendaria no elimina el sistema de consolidación fiscal, es decir, queda más que cancelado el prometido golpe de timón para hacer efectivo aquello de que pague más impuestos quien más obtiene.

Junto con la aplicación del IVA a medicinas y alimentos, la eliminación del privilegio mega empresarial de consolidar fiscalmente (es decir, evadir impuestos legalmente) constituía el elemento principal de la reforma presentada en sociedad el 8 de septiembre, y el sustento de eslogan propagandístico de que pague más quien más obtiene. Pero ambos quedaron fuera de la jugada: el primero, porque implicaba un elevadísimo costo político-social para el presidente Enrique Peña Nieto y el partido que lo inventó, que se lo cobrarían en las elecciones intermedias, y el segundo, por lo mismo, pero entre los oligarcas que invierten en los proyectos de negocios vulgarmente conocidos como campañas político-electorales.

Los oligarcas, pues, una vez más la libraron. Finalmente es su gobierno y su modelo económico, pero lo que sí se mantiene inamovible es el objetivo de la citada reforma: el ingreso de los clasemedieros y del público consumista en general, que son la carne de cañón en la estrategia recaudadora del gobierno entrante. Es probable que fracase la intentona peñanietista de aplicar IVA a las colegiaturas (aunque esta intención más parece un anzuelo intercambiable en las negociaciones con el Congreso que una propuesta seria; te lo quito, hermano, pero déjame todo lo demás), lo que sin duda generaría una grata sensación entre los amenazados padres de familia, pero a cambio los legisladores aprobarían el IVA en los intereses hipotecarios; con lo primero, no se perdería mucho en recaudación, pero con lo segundo sí.

En teoría, los grandes corporativos y los clasemedieros con ingresos superiores a 500 mil pesos anuales (41 mil y pico de pesos por mes) quedarían sujetos a una tasa de 32 por ciento por concepto de ISR, peroooo…. Los primeros, con la consolidación fiscal intocada, alegremente seguirían evadiendo al fisco de forma legal y obteniendo multimillonarias devoluciones, que para eso tienen a sus ejércitos de contadores, abogados y legisladores; los segundos deberán hacer circo y maroma, porque no tienen escapatoria, con el agravante de que la posibilidad fiscal de deducir gastos se les desploma en 90 por ciento, de acuerdo con la propuesta peñanietista. ¿Quién pagará más? Hagan sus apuestas.

Dado lo anterior, aquello de que pague más quien más obtiene es mera propaganda, comenzando porque el principio de cualquier ley fiscal –la mexicana incluida– es la equidad (según el ingreso es la pedrada), y en teoría a los que mayores entradas obtienen corresponde una mayor tasa de impuesto sobre la renta, y eso está en la legislación mexicana desde hace ya un buen rato. El problema es que tal principio, en los hechos, el gobierno se lo pasa por el arco del triunfo, y cada año no sólo cancela (vía regímenes tributarios especiales) la posibilidad de recaudar multimillonarias impuestos de los grandes grupos empresariales, sino que todavía a éstos les regresa verdaderas fortunas (la famosa devolución).

Todo apunta a que la gran reforma fiscal sólo resultará en un parche adicional a la de por sí inequitativa estructura fiscal imperante en el país, en el que paga más quien tiene menores posibilidades de evadir legalmente al fisco, quien no tiene amigos en lugares estratégicos ni los medios para mantenerlos (en el gobierno y en el Congreso) y, en fin, quien ilusamente intenta vivir con el producto de su trabajo.

Y para dar contexto a lo anterior, vale reproducir parte de la información publicada ayer por La Jornada (Víctor Ballinas y Andrea Becerril), en la que se subraya que “en reunión a puerta cerrada con senadores del PRD, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció que, aunque el presidente Enrique Peña Nieto y él mismo anunciaron la eliminación del sistema de consolidación fiscal para que los empresarios paguen 30 por ciento (hasta 2013) de impuesto sobre la renta, que hoy eluden mediante ese mecanismo, la realidad es que ‘la reforma hacendaria no lo elimina’”.

De acuerdo con versiones de legisladores asistentes, detalla la citada información, “el funcionario les expuso que la consolidación fiscal se eliminará ‘por etapas’. El próximo año, dijo el funcionario a los perredistas, ‘el gobierno sólo quiere tener información de quienes se benefician de ello, porque hoy no la tiene, para contar con un mayor control de los grupos corporativos’. Algunos de los senadores participantes refirieron que se le reclamó a Videgaray por “mentir al público cuando dice en los medios que van a eliminar la consolidación fiscal, cuando eso no es cierto. Miente al decirnos que ese régimen equivale a 10 mil millones de pesos, lo cual es completamente falso; le referimos que los grandes grupos pagan entre 1.7 y 10 por ciento y no 30 como les corresponde: América Móvil sólo pagó 5.98 por ciento de ISR –por las ganancias obtenidas– en 2012; Bimbo, 1.27; Televisa, 5.85; Soriana, 1.61; Carso, 3.53; Wal-Mart, 2.30; Bachoco, 1.53; Liverpool, 4.15; Palacio de Hierro, 2.68; Grupo México, 12.64; Modelo, 6.63; Gigante, 3.16, entre otros”. Pero no hay por qué preocuparse: el festín se mantendrá.

Las rebanadas del pastel

¡Felicidades!, mexicanos crédulos, que el país ha obtenido otro galardón, producto del maravilloso modelo económico impuesto 30 años atrás y de los extraordinarios gobernantes que celosamente lo aplican. El premio no es otro que el de importador agroalimentario neto, o lo que es lo mismo, que México compra fuera de sus fronteras más alimentos de los que produce internamente, o si se prefiere que el estómago nacional depende de lo que suceda en otras partes (producción, clima, precios, términos de comercialización, etcétera). Y el anuncio fue cortesía de la OCDE, la que advierte que en las últimas dos décadas México redujo en más de la mitad los subsidios agrícolas, al pasar de 28 por ciento en 1991-1993 a 13 por ciento en 2010-2012, lo que ocurrió a partir de que reformó sus políticas agrícolas por la liberalización del comercio con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (La Jornada, Susana González).

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