La diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Ernestina Godoy Ramos, del grupo parlamentario del PRD, presentará esta semana al pleno un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a que en el proceso de análisis y aprobación de la iniciativa presidencial para crear la Ley de la Pensión Universal se quiten las propuestas que provocarían la eliminación del apoyo a adultos mayores que actualmente otorga el gobierno del Distrito Federal.

La legisladora local explicó que el exhorto a los legisladores federales es también para que consideren la necesidad de establecer una pensión que sea efectivamente un derecho universal para los mayores de 65 años a través de un sistema de concurrencia con los gobiernos locales, que permitan la existencia de políticas públicas estatales y mecanismos de complementariedad para ampliar el alcance, monto del beneficio y prestación de servicios.

Advirtió que la iniciativa presidencial no sólo conlleva la desaparición –en un periodo de transición de no más de 15 años– del programa que se aplica en el Distrito Federal desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que fija un monto de aportación mensual que durante ese periodo no podrá ser rebasado.

Impone además como condición para que el gobierno capitalino continúe proporcionando dicho apoyo a los adultos mayores, informar, durante el periodo de transición, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre otros beneficios que proporciona a ese sector de la población, así como sus fuentes de financiamiento y un informe sobre su sustentabilidad financiera.

Con esto, agregó, en el caso del DF la suma de recursos federales permitiría bajar la edad de 68 a 65 años, en los términos que establece la ley local, de aportar a toda la población beneficiaria medio salario mínimo mensual.

Advirtió que la iniciativa del gobierno federal fija para la pensión en el artículo 9 un monto de mil 94 pesos mensuales, a partir de lo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) establece como línea de bienestar mínimo, aunque aclaró que el monto correcto debía ser mil 197 para zonas urbanas y 847 en rural, y planteó que se incremente en función del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Sin embargo, aclara que la ley plantea que de entrada comenzará a funcionar el próximo año con las actuales reglas de operación del Programa de Adultos Mayores, que otorga un apoyo de mil 50 pesos bimestrales que tendrán que irse incrementando gradualmente en ese periodo de 15 años para llegar al monto que propone de mil 94 mensuales, aunque la misma iniciativa dice que dicha gradualidad estará sujeta a suficiencia presupuestal.