En 11 años (2001-2011), el costo de los desastres naturales en México fue de más de 185 mil millones de pesos y, aunque durante el lapso la cifra de muertos fue a la baja, cada vez se necesitan más recursos para hacer frente a los efectos del cambio climático y las consecuencias de asentamientos humanos irregulares o en zonas de riesgo.

Para atender los estragos de las lluvias de la semana pasada, el gobierno podría disponer, en primera instancia, unos 12 mil millones de pesos, según cálculos preliminares de funcionarios federales.

La Secretaría de Gobernación (SG) tiene un sistema de atención a emergencias y desastres que, en su momento, fue reconocido por las Naciones Unidas (Premio Mejores prácticas frente a un ciclón), por la acertada protección a la población.

Incluso el sistema financiero para atender las necesidades –Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden)– fue ejemplo de infraestructura financiera innovadora de clase mundial y una guía para varios países de América Latina. Actualmente estos fondos representan 0.4 por ciento del presupuesto anual de la Federación.

Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió en un reporte de junio del año pasado, que México debía incrementar su inversión en la prevención de desastres y construir con la mira en el largo plazo.

Ello significa, según la OCDE, cambios en uso de suelo, planes de desarrollo urbano e inversión en infraestructura de mitigación de riesgos.

Este país, dijo, debe poner el mismo énfasis en la prevención que en la respuesta en las emergencias. México enfrenta una amplia y constante variedad de amenazas naturales: sismos, tormentas tropicales e inundaciones.

El Sistema Nacional de Protección Civil se ha fortalecido desde su creación, tras el terremoto de 1985; no obstante, subraya la OCDE, la ocurrencia de eventos extremos continúa afectando la actividad económica del país (aun) con un número relativamente bajo de pérdida de vidas humanas.

Una gráfica correspondiente al periodo 1970-2011 muestra una tendencia al alza de las pérdidas económicas por los desastres naturales.

Un primer pico de afectaciones ocurrió en 1985 por el sismo que devastó a la capital del país; el siguiente gran impacto fuerte está registrado en 1995, por el paso de huracanes (Ismael destruyó miles de casas en el norte del país; se reportaron 56 decesos y 24 mil 111 damnificados) y en 1999, con severas inundaciones en el sur y sureste. Otra ronda de pérdidas se registró en 2004, 2005, 2007, 2010 y 2011, casi todas vinculadas, nuevamente, a huracanes, tormentas e inundaciones.