a masiva concentración realizada ayer en el centro de esta capital, originalmente convocada por el Movimiento Regeneración Nacional en contra de la reforma energética, merece por varias razones el calificativo de inédita. Sin tener como telón de fondo una campaña proselitista o un conflicto poselectoral, y a pesar del cerco mediático y de los empeños del poder público por desestimar y minimizar las demostraciones y movilizaciones de inconformidad, el acto logró concentrar a decenas de miles de personas y dio cabida a una inusual articulación de distintas oposiciones cívicas de izquierda.

Más allá de la numerosa confluencia, la riqueza de la movilización radicó en la diversidad de contenidos en ella expresados y en el peso simbólico de reunir a agrupaciones políticas formales, organizaciones de la sociedad civil y representantes del movimiento magisterial. De esa forma, los llamados de Andrés Manuel López Obrador a someter a consulta pública la iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución –que permitiría un avance privatizador en el sector energético– confluyeron en un mismo espacio con señalamientos como los del padre dominico Miguel Concha Malo, quien afirmó que nadie quiere que se provoque entre nosotros un plan económico de choque con una reforma hacendaria que afecta a todos, y con las posturas expresadas por el dirigente de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez.

Significativamente, la concentración mencionada ocurre unos días después de que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el propio López Obrador –en conjunto con otros intelectuales, activistas y luchadores sociales– firmaron un comunicado en el que se convoca a los ciudadanos a defender el carácter público de la industria petrolera y la soberanía nacional sobre los recursos energéticos.

De ese carácter plural y diverso en los discursos se infiere una unidad, acaso más importante, en las múltiples luchas sociales que confluyeron ayer en Paseo de la Reforma: en efecto, el punto de convergencia de ese conjunto de voces críticas, así como de las distintas movilizaciones magisteriales, campesinas, sindicales y sociales que se han desarrollado en semanas y meses recientes es el rechazo a un modelo económico socialmente devastador, que ha encontrado un nuevo vehículo de profundización en el llamado Pacto por México y en las reformas impulsadas por ese instrumento.

La aparición de esta confluencia entre oposiciones políticas y sociales pone de manifiesto, por contraste, el potencial desestabilizador de la renuencia del gobierno federal a escuchar y atender los descontentos generados por su agenda de reformas. En tal circunstancia, el Poder Legislativo está moral y políticamente obligado a hacer lo que no hizo el Ejecutivo: escuchar a la sociedad en lo que concierne a las distintas modificaciones legales que han generado críticas y descontento, tanto las ya realizadas como las que están en curso. En caso contrario, los integrantes de las cámaras legislativas estarán rubricando su propia falta de representatividad y carecerán de autoridad moral para demandar el respeto a una institucionalidad que sistemáticamente se descalifica a sí misma.