El secretario de Educación, Emilio Chuayffet, aseguró que la obligatoriedad de la evaluación a los maestros es el comienzo de una reforma de mayor alcance, y reconvino a los diputados que sólo hablan de los derechos de los mentores y nadie defiende a los niños que no tienen clase, cuando el interés de éstos es superior.

El funcionario aceptó que la reforma no sólo es de carácter educativo, sino también tiene contenido laboral y administrativo, y sostuvo que cada uno de los rubros del modelo será revisado, pero no explicó cómo.

Ante las críticas de diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Movimiento Ciudadano, afirmó que con la reforma, el Estado recuperó de los poderes fácticos la rectoría de la educación.

Al comparecer en San Lázaro, aseguró que el conflicto en las calles se puede resolver, aunque enseguida trasladó a los gobiernos estatales hacer valer la reforma y sancionar a los maestros en paro.

Las autoridades locales están obligadas a hacer cumplir, sin excepción, las nuevas leyes. Las normas no son negociables. El personal que falta a clases está a lo que dispone la ley. Nada más que la SEP no tiene la nómina ni pasa la lista, acotó.

En contraste, legisladores de esas bancadas reprocharon que la mal llamada reforma educativa generó una movilización magisterial sin salida y un verdadero enredo político.

Chuayffet golpeó la mesa del salón Verde con el índice derecho mientras respondía a las críticas: la política no puede suprimir lo que aquí y en el Senado se decidió (...) Nadie habla de los niños. Todos hablan de las líneas inerciales del presupuesto, de los rezagos, pero no se alza una sola voz en favor de los niños que no tienen clases.

Los priístas aplaudieron al funcionario, frente al silencio de los legisladores de oposición.

“No voy a recordar aquí las palabras que en el Constituyente del 56, un indígena puro pronunció, llamando con un adjetivo muy duro a quien impide tener acceso a la educación. Se trataba nada más y nada menos que de Ignacio Ramírez, El Nigromante, y quien quiera saberlo, lo remito a la participación de éste en el Constituyente del 56, sobre quienes impiden el acceso a la educación de los niños”.

La movilización en las calles, agregó, es bienvenida, pero no se vale que la protesta castigue a los niños privándolos de educación, y menos a los más pobres.

El diputado Roberto López Rosado (PRD) intentó una defensa, pero cometió un traspié cuando atribuyó a Rosseau una máxima de Voltaire. Aún así sostuvo que si bien los niños esperan clases, el gobierno de Enrique Peña Nieto debe atreverse a romper el círculo vicioso de no resolver las demandas.

La legisladora Nelly Vargas (Movimiento Ciudadano) señaló que no hay forma de saber cómo la Secretaría de Educación Pública y el secretario están pensando solucionar este conflicto social y hacer efectiva una reforma educativa en serio.

El priísta Arnoldo Ochoa argumentó que la reforma romperá inercias y tocará intereses, entre éstos el influyentismo, la herencia y la venta de plazas, cargos de dirección o supervisión, a cambio de favores políticos.

Vargas preguntó a Chuayffet qué cálculo tiene la SEP sobre el número de maestros que reprobarán en la primera evaluación en 2014. ¿Habrá despidos masivos, consultó. No tuvo respuesta.

López Rosado insistió que la reforma tiene un fondo autoritario y el secretario de Educación le devolvió: la ley, decía Rosseau, es la expresión de la voluntad general. Nunca dijo que fuera la expresión del consenso. La mayoría es la que hace la ley, escuchando a las minorías.