Los integrantes de las siete ternas para conformar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas serán examinados el lunes por senadores de la Comisión de Justicia, quienes verificarán que ninguno de ellos presente conflicto de interés, dado que algunos trabajaron en bufetes jurídicos.

Según la Ley General de Atención a Víctimas, cada uno de los siete integrantes de esa comisión percibirán un salario similar al de un secretario de Estado.

Las comisiones dictaminadoras en la elección de los comisionados recibieron las siete ternas que envió el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 5 de septiembre y elaboraron un primer análisis.

Se encontró, por ejemplo, que en las tres ternas integradas a partir de propuestas de organizaciones no gubernamentales, el Ejecutivo federal incluyó en una misma a dos representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia.

Se trata de Silvano Joel Cantú Martínez y Julio Antonio Hernández Barros, ambos participantes en la elaboración de la Ley General de Víctimas. Este último trabajó además en el despacho Hernández Pliego, como penalista.

En otra terna se incluyó a María del Rosario Torres Mata, licenciada en educación prescolar y madre de un joven secuestrado y asesinado en 2004. Su candidatura fue propuesta por la organización México SOS, del empresario Alejandro Martí.

Los otras cuatro ternas se conforman por candidatos propuestos por universidades públicas, entre ellos Enrique Carpizo Aguilar, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los 21 candidatos comparecerán el lunes próximo en el Senado.