Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá un amparo en el que se acusa penalmente a un juez de distrito por el delito de obstrucción a la justicia, luego de que fuera demandado por la Procuraduría General de la República (PGR) por resolver en favor de dos presuntos operadores financieros de Joaquín El Chapo Guzmán.

Se trata de Efraín Cázares López, quien amparó en su momento a 12 de los 35 ediles y funcionarios municipales y estatales de Michoacán, detenidos en 2009 por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los ministros ejercieron su facultad de atracción para conocer el amparo del juzgador, quien fue destituido a raíz de las quejas que recibió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en sus decisiones del llamado michoacanazo, en 2009.

Cázares negó en marzo de 2011 los autos de formal prisión solicitados por el Ministerio Público Federal (MPF), en contra de Manuel Fernández Valencia y Pedro Navarro Fernández, acusados de tener vínculos con el narcotráfico.

Inconforme con la decisión, la PGR inició acción penal contra el juzgador con el argumento de que no estaba en funciones cuando emitió la sentencia, ya que se encontraba suspendido temporalmente por el CJF (fue separado del cargo el 30 de mayo de 2012 por sus decisiones).

Un juzgado de distrito resolvió en marzo de 2011 amparar a Cázares, pero el MPF apeló de la decisión.

El acusado presentó copia de sus recibos de pago, para demostrar que estaba en funciones; sin embargo, el CJF no actuó y elidió informar oficialmente al juzgado si Cázares estaba en funciones o no.

El tribunal al que se turnó el caso solicitó a la Corte que ejerciera su facultad de atracción, por lo que el asunto se envió a un ministro de la primera sala para que elabore el proyecto de dictamen correspondiente.