Oaxaca, Oax., 26 de septiembre.

Sin la participación de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Unidad Popular (PUP), de registro local, aprobaron crear la Comisión de la Verdad, que investigará los abusos cometidos durante el conflicto político social que se vivió en 2006 y 2007 en Oaxaca.

La noche del miércoles, en la última sesión ordinaria, los integrantes de la 61 Legislatura aprobaron la iniciativa presentada en 2011 por el representante del PT, Flavio Sosa Villavicencio, y por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, en 2012.

La propuesta recibió 24 votos a favor (por la ausencia de la bancada priísta); la sesión fue encabezada por el vicepresidente de la mesa directiva, Héctor Lorenzo Inocente, pues el presidente, Maxinimo Vargas, del tricolor, no estuvo.

Sosa Villavicencio dijo en su exposición de motivos que entre 2006 y 2007 se vivió una persistente violencia institucional selectiva contra todas aquellas manifestaciones críticas de las acciones y políticas del entonces gobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz, a quien acusó de ser el máximo responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese periodo, los cuales, dijo, tienen que ser castigados.

El ex concejal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que aglutinó a diversos sectores de la sociedad del estado, destacó que esta comisión servirá para la reconciliación del pueblo oaxaqueño, lo que sólo será posible a través de la justicia, y ésta a su vez requiere dilucidar la verdad histórica.

En su exposición de motivos, Gabino Cué Monteagudo manifestó: La sociedad oaxaqueña exige su derecho a conocer la verdad, por lo que resulta necesaria la creación de un órgano independiente, imparcial y autónomo, cuyo objetivo sea acopiar, documentar e investigar hechos históricos de naturaleza social, política y jurídica desde una perspectiva sociológica.

El dictamen, presentado de manera conjunta por las comisiones de administración de justicia, de atención a movimientos sociales y de derechos humanos, señala que el órgano estará integrado por 11 personas que gocen de alto prestigio intelectual en el ámbito de la defensa y promoción de los derechos humanos, con independencia económica y política.