ieciséis años atrás la mayoría de los acapulqueños tenía el agua hasta el cuello, y en aquel entonces las autodenominadas autoridades (municipales, estatales y federales) les prometieron realizar una investigación a fondo para determinar quiénes son los responsables de vender ilegalmente terrenos y construir viviendas en zonas irregulares, al tiempo que les anunciaban la reubicación de asentamientos en lugares de alto riesgo. Eso fue en octubre de 1997, tras el paso del huracán Paulina, que arrasó con el puerto, aunque felizmente no causó mayores daños a la zona hotelera (Angel Aguirre Rivero dixit, por aquellos años gobernador tricolor interino de Guerrero).

Desde aquel trágico acontecimiento, cuatro presidentes de la República han despachado en Los Pinos; tres gobernadores (Aguirre Rivero repite, pero ahora como mandatario por el PRD) en la Casa Guerrero y 14 presidentes municipales (interinos cinco de ellos) en el Palacio Municipal de Acapulco, y basta darse una vueltecita por Google Earth para observar lo bien que cumplieron con dichas promesas y cómo, por el contrario, permitieron el brutal desarrollo de unidades habitacionales clasemedieras y colonias populares en, precisamente, las zonas de alto riesgo.

Entonces, muy lejos de reubicar los asentamientos en lugares de alto riesgo y evitar la construcción de vivienda en zonas irregulares, en esos 16 años todos permitieron todo, y Acapulco está plagado. Incluso se pueden ver casas habitación en la mera orilla de la Laguna de Tres Palos (Marina Diamante, de Casas Geo) y en la zona contigua al aeropuerto Juan N. Alvarez (de hecho, a unos cuantos metros de la pista, como en el caso de Las Olas, de Trovit Casas), por citar sólo algunas cuantas en una de las áreas que por estos días arrasó Manuel. Lo mismo sucede en la loma donde se localiza Ciudad Renacimiento, en Puerto Marqués o donde uno ponga el ojo.

En octubre de 1997, y tras el devastador paso de Paulina, el entonces presidente Ernesto Zedillo dijo que no tiene sentido buscar culpables (de los asentamientos irregulares y en zonas de alto riesgo), porque lo importante es atender las urgencias de la gente. La crónica de la época lo plasmó así (La Jornada, Rosa Elvira Vargas).

“Al visitar lugares donde viven o vivieron los damnificados por el huracán Paulina, el presidente Ernesto Zedillo ordenó suspender la entrega de despensas, ‘porque si no, se las clavan’, y a cambio dotar de comidas calientes preparadas por el Ejército, otorgar créditos a la palabra a pequeños comerciantes afectados en sus negocios; crear un programa temporal de empleo para la reconstrucción de viviendas y elaborar un registro puntual de las familias sin hogar que deberán ser reubicadas. Además de las indicaciones sobre cómo actuar para resolver la angustiante situación de los afectados por el huracán, el presidente formuló consideraciones de orden político: ‘no tiene sentido buscar culpables de la tragedia; quienes lo reclaman ejercen su libertad de expresión, pero ojalá usen parte de su energía para contribuir a resolver el problema, no para agravarlo”’.

Yo me estoy ocupando de resolver los problemas. El ejercicio de si pudo haberse hecho esto o aquello me parece un tanto cuanto inconveniente y poco constructivo en este momento. Para mí sería muy cómodo empezar a echar la culpa a los de antes. Lo que nos va a resolver todos estos problemas es el desarrollo, porque de otra manera nos vamos a encontrar situaciones tan dramáticas como las que vive ahora Acapulco.

Y así fue. Su instrucción no sólo la agradecieron los desarrolladores de vivienda y los líderes políticos, sino que se siguió al pie de la letra, porque, efectivamente, nadie se encargó de buscar culpables (aunque todos sabían perfectamente de quiénes se trataba), y mucho menos de cancelar el jugoso negocio público-privado de otorgar permisos de construcción en áreas que, tarde que temprano, quedarían devastadas –como ha sucedido– por el paso de tormentas, huracanes y demás fenómenos meteorológicos. A lo largo de los últimos 16 años, tales permisos se concedieron como si fueran tarjetas Soriana: una tras otra, sin importar las consecuencias ni el obvio cuan elevadísimo riesgo.

Miles de familias clasemedieras (chilangas algunas de ellas) hicieron realidad su sueño y compraron su casita en el bello puerto de Acapulco (máxime en la zona Diamante), con la creencia de que todo funcionaba de maravilla. Las colonias populares crecieron como la espuma en esa misma zona de alto riesgo, y allí están las consecuencias. Cierto es que los fenómenos meteorológicos no son previsibles y menos su intensidad, pero sí, y fácilmente, las nefastas consecuencias de otorgar licencias de construcción en áreas que por obvias razones no aguantarán el paso de uno de esos fenómenos. Entonces, de que hay responsables los hay. Aunque después de Paulina la prometieron, y nunca se llevó a cabo, desde luego, nada mal sería que ahora, tras Manuel, se iniciara una investigación para determinar responsabilidad penal en todo esto.

A estas alturas del partido, más que rebasados están los tradicionales pretextos para justificar la inoperancia de la autoridad. Tras el paso de Paulina, en octubre de 1997 el entonces subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría estatal de Gobierno, Francisco Farías Fuentes, declaró que se descartó un desalojo en colonias de riesgo antes de la llegada del huracán para no alarmar a la gente y admitió que a pesar de las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional no se calculó nunca que pudiera tener un efecto como éste; ya estábamos alertados todos, el Ejército, la Marina, no nos tomó por sorpresa, ya se habían tomado todas las previsiones correspondientes, pero nos faltó hacer una evacuación forzada, eso fue lo que faltó, no se hizo. Pero la misma población se confió, porque no pensó que pudiera haber tales consecuencias; ha habido tantos huracanes con tantos señalamientos de que vienen muy fuertes y no ha pasado gran cosa (sic y recontra sic, como diría el Monsi).

El resultado de tan campechana visión de las cosas fue alrededor de 300 muertos, más de 300 mil damnificados y pérdidas económicas por miles de millones de pesos. Pero los señores del gobierno no querían alarmar a la gente. Y entonces, como ahora, el gobernador Angel Aguirre Rivero brilló por su ausencia, porque, una vez más, andaba de fiesta.

Dieciséis años después se repite la tragedia, mientras el negocio de los desarrolladores se mantiene a todo lo que da, y no sólo en Acapulco.

Las rebanadas del pastel

Es mucho pedir, pero si una gota de ética le queda a Emilio Azcárraga, Laura Bozzo y su telebasura deben salir de sus pantallas.

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