La Procuraduría General de la República (PGR) y el abogado de Elba Esther Gordillo Morales, el penalista Marco Antonio del Toro, interpusieron este jueves recursos de revisión al amparo concedido a la ex lideresa magisterial, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

La dependencia lo hizo para impugnar los alcances del amparo, al considerar que carecen de sustento jurídico los argumentos vertidos por el juzgado cuarto de distrito que benefició a Gordillo.

De su lado, el abogado de la maestra interpuso revisión adhesiva para fortalecer los alcances del amparo concedido a su defendida, ya que únicamente se otorgó para el efecto de modificar diversos errores que se cometieron al emitir el auto de formal prisión contra la maestra. El abogado pretende que el tribunal colegiado revisor conceda un amparo liso y llano, que ordene la inmediata libertad de la quejosa.

El amparo concedido a Gordillo ha provocado en los días recientes una confrontación directa entre el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y el Consejo de la Judicatura Federal, debido a que el funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto se molestó por el hecho de que la judicatura difundiera un comunicado destacando los argumentos del juez que concedió la protección de la justicia federal a la maestra.

A decir de fuentes judiciales consultadas se prevé que la próxima semana los recursos de revisión sean turnados a un tribunal colegiado de distrito en materia penal en la ciudad de México para que un magistrado elabore un proyecto de resolución en un tiempo aproximado de tres a cinco meses.

Las expectativas para que Gordillo recupere su libertad en lo inmediato son escasas, aunque cabe la posibilidad de que el tribunal colegiado vaya más allá de los alcances del amparo concedido por el juez de primera instancia y ordene la libertad de la ex lideresa sindical.

Al conceder el amparo a Gordillo, el juez federal Francisco Sarabia Ascencio consideró que la acusación por lavado de dinero contra la maestra estuvo basada en pruebas circunstanciales, amén de que refirió que el auto de formal prisión que la mantiene en la cárcel no explica los motivos por los que la PGR considera que los recursos financieros que manejó la ex lideresa eran de procedencia ilícita.

El mismo juez dijo que su colega que dictó la formal prisión a Gordillo fue omiso en exponer cuáles fueron los indicios que obtuvo de las pruebas existentes en la indagatoria y que lo llevaron a concluir que los recursos, derechos o bienes provienen directa o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, para que los quejosos, en ejercicio de su derecho de defensa, estuvieran en aptitud de probar la legítima procedencia de estos recursos.

Hasta el momento, la PGR tiene pendiente el desahogo de nuevas averiguaciones previas contra Gordillo por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.