Saltillo, Coah., 27 de septiembre.

Ni la policía ni el Ministerio Público pueden obligar a los detenidos a declarar respecto al caso de los cuatro universitarios desaparecidos el pasado 11 de abril, aseguró hoy el gobernador Rubén Moreira Valdez, no obstante que según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hay 26 personas detenidas.

Cuando se interroga a una persona no la podemos forzar. Al detenido siempre se le respetan los derechos humanos, si no nos da información en el interrogatorio seguiremos la indagatoria por otra parte, pero no podemos forzar a que nos dé una información, subrayó.

Sin embargo, los afectados consideran inadmisible que ninguno de esos detenidos haya proporcionado información para saber detalles de lo que pasó y del paradero de los jóvenes.

El gobernador Rubén Moreira dijo que el número de detenidos no implica más información en las indagatorias, ni tampoco un absoluto grado de culpabilidad.

Ellos podrían tener alguna probable responsabilidad que determina la sentencia, pero quien está detenido no es culpable hasta que no haya sentencia y si no nos proporciona más información no hay un mecanismo coercitivo sobre ellos, atajó.

La subprocuraduría estatal para la investigación y búsqueda de personas no localizadas informó que desde abril de 2012, mil 132 personas desaparecidas fueron encontrados, de más de mil 800 denuncias con registro desde 2000.

Rubén Moreira pidió a la sociedad considerar que lo hecho por su gobierno en el tema de los desaparecidos es singular en México y también entender que el tamaño de la violencia en el país complica la indagatoria y el esclarecimiento de los delitos.

La procuraduría está haciendo un gran esfuerzo, único en el país; entiendo y respeto la angustia de los padres de familia. El Estado mexicano debe pedir disculpas a los que han padecido esto y todos hemos sido víctimas de la violencia en algún momento, pero la vorágine del crimen se dio de tal manera que a veces es difícil reconstruir la ruta de ese delito, manifestó.

En imagen de archivo, Rubén Moreira Valdez, gobernador de Coahuila, aseguró que se protegen los derechos de todo detenido en el estadoFoto Sergio Hernández Vega

Activistas de derechos humanos y familiares de Cecilia Picazo, Marlyn Peña, Cintia Rodríguez y Carlos Núñez, estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila en Monclova, consideraron que la captura de los presuntos implicados en la desaparición no sirve de mucho, pues aún desconocen el paradero de los universitarios.

“No descalificamos que se procese a esta gente; sin embargo, no sabemos cómo declaran ni por qué no pueden dar razón de cómo se los llevaron, a dónde. Creemos que esa información sí se puede obtener de los detenidos.

Lo más preocupante para las familias es que sean tantos (los 26 detenidos) y ninguno dé una pista, señaló la directora del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez Rivera, quien ha estado en comunicación con las familias de los jóvenes desaparecidos.

Según información de la PGJE, los cuatro universitarios murieron tras un ataque a balazos de integrantes del grupo delictivo Los Zetas; sin embargo sus cadáveres no aparecen.

Veracruz: sin pistas de proyectista

Situación similar viven los familiares de Rafael Espinosa Gutiérrez, proyectista del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV), ausente desde el 15 de agosto, por lo que pidieron intervención de la Agencia de Investigación Antisecuestro.

Este día, en la última sesión del TEEV, los familiares de Rafael Espinosa se manifestaron a las afueras de las instalaciones del Tribunal. Dialogaron con el magistrado presidente del TEEV, Daniel Ruiz Morales, quien les dijo que solicitará el apoyo del procurador del estado.

Los familiares señalaron que ya recogieron las pertenencias de Rafael Espinosa de las oficinas del TEEV, pues tras su desaparición fue sustituido, pero a su esposa no le pagaron los días que laboró.