La Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicó una política de represión administrativa contra los miles de maestros que se movilizan contra la reforma educativa con un claro mensaje político: no te muevas o habrá consecuencias, afirmaron dirigentes magisteriales de Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, afirmó que existe un acuerdo con la Secretaría de Gobernación y el gobernador Gabino Cué para que, en tanto dure la jornada de lucha, no haya ninguna afectación a los derechos laborales del magisterio disidente, y en particular de nuestros compañeros en la entidad.

Reiteró que desde antes de iniciar sus movilizaciones en la capital del país dejamos en claro que en el estado no pasará ninguna sanción ni hostigamiento contra el magisterio.

En entrevistas, aseguraron que tras aplicar una sanción salarial a más de 32 mil trabajadores de la educación básica en el Distrito Federal, durante el periodo de mayor movilización contra las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales, demuestra que teníamos la razón. El gobierno federal actúa por consigna, de forma autoritaria y vertical.

Los secretarios seccionales del Distrito Federal, Francisco Bravo; de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, y de Chiapas, Adelfo Alejandro Gómez, y Núñez Ginés, coincidieron en calificar de medida negativa, que se le va a revertir a la SEP porque en vez de generar el efecto esperado de la inmovilidad, ocasionará mayor malestar.

El líder del magisterio capitalino destacó que se trata de una acción autoritaria, que tiene como sustento jurídico la nueva normatividad en materia educativa. Esto demuestra que se trata de una ley inatacable que deja al trabajador en total indefensión ante la violación de sus derechos laborales.

Aseguró que los descuentos por 19.6 millones de pesos, anunciados por la Administración Federal de los Servicios Educativos del Distrito Federal, que afectan por inasistencia a 46 mil 681 plazas del servicio educativo en la capital del país, es un mecanismo de control de los docentes, pero la respuesta es clara: no nos van a intimidar, pues incluso es un reconocimiento de que no somos unos cuantos quienes nos oponemos a esta nueva normatividad, se trata de miles de maestros.

Ortega Madrigal destacó que a la cerrazón del gobierno federal de no escuchar nuestras demandas se suma la amenaza del garrote administrativo para el que quiera protestar. Es una clara evidencia de que para esta administración disentir y pensar de forma diferente es una falta que se debe sancionar.

Se trata de la radicalización del gobierno federal, que no abona a la búsqueda de un diálogo, demanda que ha mantenido la CNTE.

En tanto, Adelfo Alejandro, de la sección 7 de Chiapas, lamentó la cerrazón política de las autoridades federales y afirmó que la política del miedo que pretende imponer la SEP está condenada al fracaso, porque somos miles, no sólo en Chiapas, sino en más de 20 entidades, los que seguiremos protestando y llamando al paro nacional.