Nezahualcóyotl, Mex., 28 de septiembre.

Personas que denunciaron fraudes cometidos por grupo Autofín México, exigieron al gobierno federal cerrar esa empresa. Denunciaron que muchos han perdido su patrimonio y no han procedido las denuncias contra el negocio que encabeza el empresario Juan Antonio Hernández.

Alejandro López Piedras, con el apoyo de su madre Soledad Piedras, compró un auto a crédito en la sucursal de la plaza comercial Ciudad Jardín Bicentenario, en noviembre de 2012 y en marzo pasado terminaron de pagar las letras, recibieron el vehículo, las llaves y documentos.

Pero el gusto sólo les duró cinco meses; en agosto Grupo Banorte les notificó que aún adeudaban 123 mil pesos –103 mil pesos por la compra de la unidad y 20 mil pesos por el pago de seguro.

La familia López Piedras desconoció la deuda y tras indagar saben que Pedro Ramírez, gerente comercial de autos semi nuevos de Grupo Autofin México, entregó documentación propia, solicitó un crédito para él en Banorte a nombre de Soledad Piedras.

El empleado de Autofin se encuentra prófugo y los afectados presentaron un juicio mercantil ante el juzgado 39 del Tribunal Superior de Justicia capitalino y una denuncia ante la procuraduría de Justicia mexiquense

Aunque el eslogan de Grupo Autofin reza: ¡No corras riesgos, compra a lo seguro! hay más víctimas. Hace dos meses, Adriana Alejandra Ayala Escalante inició una lucha legal para que la procuraduría finque el delito de fraude contra esa empresa en la sucursal Ciudad Jardín. En julio fue defraudada con 125 mil pesos que pagó por un auto seminuevo y la empresa se niega a entregárselo.

Otro caso es el del empresario Gerardo Hernández Hernández quien desde hace nueve años tiene un conflicto legal con Autofín y está a punto de entrar en quiebra su empresa Venecia Renta Cars. En octubre de 2004 firmé un contrató con Autofin para comprar 25 vehículos por 238 mil pesos cada uno. En enero de 2005 me dicen que ya valen 354 mil pesos por un factor de actualización y es ahí donde ya no pude seguir pagando.

Aunque canceló parte de la compra, la empresa continuó con el juicio, le quitaron todas las unidades, le embargaron propiedades, pagó 3 millones de pesos y aún le exigen 18 millones de pesos más.