egún puede verse, la aplicación de reformas educativas impulsadas en la década reciente en Estados Unidos no sólo no ha contribuido a resarcir los rezagos existentes en materia de enseñanza pública, sino que ha mermado y afectado a esta última hasta un punto de aparente no retorno. Es paradigmático el caso de Chicago, en donde medio centenar de escuelas fueron cerradas de manera súbita en mayo pasado como consecuencia del déficit millonario en sus gastos de operación, en una decisión que generó múltiples movilizaciones y huelgas magisteriales y un rechazo mayoritario de la ciudadanía. Significativamente, los principales afectados por estas clausuras son niños de barrios latinos y afroamericanos, quienes podrían perder varios meses de clases.

La clausura de los centros educativos en Chicago –que representan 10 por ciento del total de las escuelas en esa urbe– forma parte de un fenómeno mucho más amplio en el vecino país, como consecuencia de reformas educativas muy similares a la que se impuso recientemente en el nuestro, basadas en un enfoque tan reduccionista como improcedente de la enseñanza y la evaluación educativa; inoperantes en lo que se refiere a la erradicación de los rezagos educativos –los cuales persisten y se profundizan en todo el sistema estadunidense– y que ha terminado por revelarse como una embestida en contra de la escuela pública y en favor de la creación de oportunidades de negocio para particulares. Significativamente, los alumnos afectados por los cierres de planteles en la ciudad de los vientos serán reasignados a las llamadas “escuelas chárter”, beneficiarias de recursos públicos, pero administradas por particulares, en lo que constituye un claro ejemplo de privatización masiva y descarada de la enseñanza en ese país.

Ante la evidencia de un modelo educativo que no funciona ni siquiera en su país de origen y que transita en sentido contrario del derecho de la población a una enseñanza pública, resulta incomprensible el empeño por continuar y profundizar esa misma práctica en países como el nuestro, donde las condiciones de desigualdad social y abandono de los ciclos y planteles educativos a cargo del Estado son mucho más acentuadas que en Estados Unidos, y donde el descontento magisterial, inmerso en un entorno institucional mucho más débil y descompuesto que el que impera al norte del río Bravo, puede tornarse en un factor de ingobernabilidad y explosividad social.

La atención de los rezagos educativos pasa por abandonar el modelo económico depredador aún vigente, corregir las desigualdades socioeconómicas, introducir factores de racionalidad y bienestar en la economía y, sobre todo, terminar con el abandono presupuestario con que las recientes administraciones han condenado a los ciclos de enseñanza a cargo del Estado. En tanto las políticas de las autoridades no toquen esos puntos, la sociedad tiene razones de sobra para sospechar y para ver en ellas no un afán de mejoramiento educativo, sino un designio de trasladar a manos privadas una responsabilidad que corresponde al Estado por mandato constitucional.