Con las reformas fiscales propuestas por el gobierno en el Programa Especial Concurrente, para el próximo año se pretende recaudar 15 mil millones de pesos, pero esos recursos no se ven reflejados en beneficio de los pequeños y medianos productores, quienes serán tratados como si desempeñaran cualquier actividad, especificó Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de El Barzón.

Es una propuesta que beneficia más a los grandes productores, pues en el caso de las sociedades de producción rural (SPR) –figuras económicas de ejidos– y cooperativas rurales, las exenciones son aplicables para los que tengan ingresos anuales de 10 millones de pesos, que no tienen los campesinos.

Además, se elimina el régimen simplificado para el sector primario y se impone un impuesto –que va de 6 a 9 por ciento– por el uso de herbicidas y fungicidas, además de que suben las tarifas del agua.

En la propuesta, el Ejecutivo justifica el llamado ‘‘impuesto verde’’ con el argumento de que anualmente se usan 25.5 mil toneladas de insecticidas, 16 mil de herbicidas, 9 mil de fungicidas y 5 mil toneladas de otros compuestos químicos; además, se desechan 7 mil toneladas de envases vacíos.

‘‘Lo grave del nuevo esquema fiscal es que se trata igual a los desiguales; meten en la misma canasta a los pequeños y a los medianos. Ante las inconformidades, las autoridades hacendarias ya empezaron a reunirse con el Consejo Nacional Agropecuario y al resto de los productores los ignoran’’, abundó el dirigente de El Barzón.

La propuesta gubernamental debe discutirse con todos los involucrados en la producción de alimentos. ‘‘Necesitamos discutir cuál será el destino de los 15 mil millones de pesos –monto cercano al que se destinó este año al Procampo– y cuáles serán los estímulos para los pequeños y medianos agricultores, pues se trata de la producción de alimentos’’, destacó.

El dirigente propuso que se modifique el esquema de recaudación para no perjudicar a los medianos y pequeños productores, ni a los pescadores ribereños, y se termine con los privilegios que tienen las agroempresas y los grandes productores; que los impuestos retornen al campo a través de inversiones en infraestructura para aumentar la producción de alimentos, dijo.

En el periodo 2014-2018 hay que condensar la reconstrucción de la infraestructura productiva y del desarrollo rural, iniciar una etapa de sustitución de importaciones a través del incremento de los rendimientos y elevar la competitividad en toda la superficie de cultivo y de producción alimentaria. Se trata de entrar a una fase de fortalecimiento del mercado, precisó.

El esfuerzo, destacó Ramírez Cuellar, debe estar dirigido a incrementar la producción de maíz blanco y amarillo, frijol, arroz, trigo, soya, carne de bovino, pollo, leche y sus derivados y de manzana, pues son los más sensibles al cambio climático y a la volatilidad de los precios.