Guanajuato, Gto., 30 de septiembre.

En el juicio de amparo contra la licitación de la autopista Silao-San Miguel de Allende, el gobierno panista del estado desconoció al demandante, Magdaleno Ramírez Ramírez, como representante de las 25 comunidades ñañús que se verán afectadas con la vialidad e incluso cuestionó su origen étnico.

El 25 de septiembre el director jurídico de la Secretaría de Obra Pública (SOP) estatal, Adolfo Flores Ortega, compareció en el juicio de amparo 595/13 contra la licitación, publicada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El gobierno estatal, tercero interesado en el juicio de amparo, señaló que no procede la suspensión definitiva de la licitación porque Magdaleno Ramírez no ha aportado información que demuestre que es integrante de una comunidad indígena y representante del pueblo ñañú.

Hay mala fe y doble moral del gobierno estatal. Magdaleno Ramírez ha compartido presídium con el gobernador en calidad de presidente del Consejo Estatal Indígena, dijo Eduardo Iglesias Bálsamo, asesor del pueblo ñañú.

Además, en oficios girados pór el secretario de Obra Pública del estado, José Arturo Durán Miranda, se le reconoce como representante ñañú.