Saltillo, Coah., 30 de septiembre.

Los familiares de los cuatro universitarios desaparecidos el pasado 11 de abril en el municipio de Monclova se enteraron de la presunta muerte de los jóvenes –cuyos cuerpos no aparecen– y de la detención de 26 personas sólo por información divulgada a los medios por las autoridades, acusó el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Por conducto de la organización no gubernamental, las familias se quejaron de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ventila en los medios información sensible del caso, luego que el fin de semana La Jornada publicó declaraciones del titular de la PGJE que retomaron medios locales.

El procurador del estado, Homero Ramos Gloria, aseguró que Cecilia Picazo, Marlyn Peña, Cintia Rodríguez y Carlos Núñez, alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, murieron durante un ataque de pistoleros de los Zetas.

El subprocurador para investigación y búsqueda de personas no localizadas en Coahuila, Juan José Yáñez Arreola, informó que hay 26 personas detenidas, pero ninguna había dado información útil sobre el paradero de los jóvenes.

El gobernador Rubén Moreira dijo que no podían obligar a los detenidos a declarar sobre la desaparición de los universitarios, pues debían respetarse sus derechos humanos.

Este día, el centro Fray Juan de Larios expresó que las familias de las víctimas no habían sido informadas de los datos que se ventilaron en los medios.

Es preocupante que las autoridades encargadas de procurar justicia en el estado manejen en medios de comunicación información sensible de los casos; asimismo es irresponsable se emitan conclusiones como dar por muertos a personas desaparecidas sin haberlo demostrado con una investigación profesional, señaló el organismo.

El centro dijo que desde hace varias semanas los familiares de los jóvenes no han tenido acceso a las indagatorias. Se les dan evasivas para informales sobre las investigaciones; no les han contestado las últimas interrogantes y tampoco han retomado información que aportaron las familias, las cuales manifestaron su dolor e indignación por tener que enterarse de datos del caso por la prensa.

La organización civil cuestionó a la subprocuraduría para la investigación y búsqueda de personas no localizadas. Pese a haber detenido a 26 personas presuntamente vinculadas con la desaparición de los universitarios, no han sido capaces de informar con datos fehacientes a las familias posibles líneas de investigación sobre el paradero de sus hijos.