on tres los grandes recolectores de firmas: Andrés Manuel López Obrador (con la estructura de Morena), Cuauhtémoc Cárdenas (con el aparato del PRD) y Marcelo Ebrard (con la vista puesta en presidir el sol azteca). El primero pretende que las adhesiones ciudadanas por escrito sirvan para acelerar una consulta ciudadana que ni siquiera tiene fundamento legal (aunque el tabasqueño pretende que el propio Enrique Peña Nieto sea quien muestre voluntad para ajustar al vapor esa carencia jurídica), mientras los otros dos se ponen como meta 2015, asumiendo la gran probabilidad de que el congreso apruebe en lo inmediato la reforma energética peñista pero ésta pueda ser revertida en urnas específicas a colocar junto a las correspondientes a las elecciones intermedias venideras.

Las firmas que va levantando López Obrador tendrán significación concreta el próximo domingo, pues los papeles del caso serán depositados en urnas que se colocarán en Paseo de la Reforma y en otras partes de la marcha que buscará alcanzar al Zócalo y en cuyo punto culminante, el discurso central, habrán de develarse los modos y términos de la resistencia civil pacífica que habrá de desarrollarse durante los densos días previos a la muy anunciada y afinada pretensión de aprobar este mes en cámaras la mencionada reforma energética. Si la autorización se consuma, entonces las firmas conseguidas por el lopezobradorismo se sumarán a las de Cárdenas y Ebrard, quienes hoy, con acompañamiento de dirigentes del PRD, informarán en el Senado del volumen de signos de aprobación que hasta ahora han conseguido.

Frente a esas firmas separadas y a esas consultas con calendarios distintos se sostiene el aparato peñista, conjugando urgencias presupuestales agravadas por las inundaciones y manejando mediáticamente los tiempos políticos. En lo inmediato, la única posibilidad de enfrentar la aplanadora en curso está en la cuantía de la movilización de este domingo pero, sobre todo, de la intensidad de la resistencia que se inicie. Si nada de eso funciona, siempre quedará el recurso de las firmas, de la consulta posdatada, de una lucha cívica para 2015 que habrá de empaparse y probablemente desvirtuarse con las aguas electorales desde ahora tan presentes.

Se ha hecho a un lado el titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis Armando González Placencia. En lugar de insistir en la posibilidad de ratificación por cuatro años más en el cargo, desistió de ella y dio paso al primer visitador, Mario Patrón, para que se mantenga al frente de la institución en tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nombra al sustituto definitivo.

El retiro de González Plascencia se produjo en medio de lo que su propia oficina calificó de guerra sucia (http://bit.ly/19RfPMs). En un boletín oficial se habló de ataques y calumnias dolosas en su contra y de la difusión de información falsa y manipulada para desacreditarlo. El abanico de objeciones a la continuidad del funcionario abarcó desde señalamientos de presuntos gastos abusivos, pasando por el silencio largamente sostenido ante el caso del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora, hasta llegar al meollo del asunto: la postura del ombudsman capitalino respecto a las acciones del gobierno de Miguel Ángel Mancera frente a manifestantes en general, pero especialmente en cuanto a los detenidos el uno de diciembre del año pasado y ahora respecto de los profesores miembros de la CNTE.

El freno a la permanencia de González Placencia está inscrito en la temprana batalla partidista por el control político de la ciudad de México. Al funcionario en mención lo acusan el PRI, el PAN y el Verde Ecologista de estar plegado a las políticas del gobierno capitalino. En términos aritméticos, con la mayoría votante del PRD y sin divisiones internas de esta bancada, habrían faltado al ombudsman un par de votos para conseguir el nuevo periodo de trabajo (se necesitan 44 de 66 sufragios). Pero los opositores al sol azteca descarrilaron un segundo periodo al quitarle a LGP la legitimidad proveniente de una elección por unanimidad o cuando menos por una sólida mayoría.

PRI, PAN y PVEM castigan al ombudsman saliente por haber señalado excesos policiacos en los hechos del uno de diciembre del año pasado y por no respaldar las exigencias represivas contra profesores de la CNTE en los días que corren (en el recuento de voluntades en contra de González Placencia también ha de sumarse la de Raúl Plascencia, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se ha visto cargado al flanco del priísta gobierno federal). Además, el golpe en la CDHDF forma parte de las modificaciones del ambiente político y social que ha impulsado el priísmo en su afán de crear condiciones para recuperar el poder capitalino. El recorte de libertades y derechos en el DF ha llegado, por ejemplo, a la propuesta de agravar las penalidades a acciones que puedan ser cometidas en manifestaciones públicas, como lesiones o ultrajes a la autoridad y ejercicio indebido de un derecho. El PAN, por añadidura, impulsa la idea de una reglamentación de las protestas en la capital del país.

Y, mientras hoy se conoce la propuesta de San Lázaro para entregar la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, que algunos diputados de élite pretenden adjudicar a Fernando Landeros, presidente del Teletón, lo que en los hechos sería una presea para Televisa y una reivindicación desde el poder legislativo de las cada vez más impugnadas maniobras contables y propagandísticas de grandes empresas para mostrarse filantrópicas mientras eluden pagos de impuestos y fabrican la misma miseria que luego caritativamente atienden simbólicamente, ¡hasta mañana, con las autoridades de diversos niveles en cerrada pelea, tratando de adjudicar unas a otras la tardanza en el anuncio puntual a la población de los riesgos meteorológicos que estaban por venir!

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