nte la (supuesta) tentativa peñanietista de que el fisco recaude más entre quienes obtienen mayores ingresos, la reacción de los sectores privados que encabezarían la lista de tal pretensión ha sido ácida, chantajista, superlativa y, hasta ahora, exitosa, amén de que el manejo mediático de los voceros oficiales y oficiosos de los barones contrasta con el pésimo control de daños y la ostentosa ineficacia del aparato de comunicación social del gobierno federal, con el de la Secretaría de Hacienda en primer lugar.

Desde la presentación en sociedad de la pomposamente denominada reforma hacendaria, el pasado 8 de septiembre, tal vez el único logro concreto (tangible, diría Peña Nieto) del gobierno federal ha sido el tajante rechazo de tirios y troyanos a la iniciativa fiscal y al de por sí carismático titular de la SHCP, Luis Videgaray, quien ha tenido el tino de poner a todos en su contra, y de paso complicarle –aún más– el panorama a su jefe y amigo.

Aquello de que (fiscalmente) pague más quien gane más fue uno de los caballitos de batalla en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, y ya instalado en Los Pinos lo convirtió en eslogan de gobierno. El problema es que en los hechos no aguantó la prueba del ácido. Tras la presentación en sociedad de la reforma hacendaria apenas transcurrieron diez días para que se echara para atrás el encargado de negociar y planchar la citada iniciativa (léase Videgaray).

De lo anterior dio puntual cuenta La Jornada (Víctor Ballinas y Andrea Becerril): “en reunión a puerta cerrada con senadores del PRD, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció que, aunque el presidente Enrique Peña Nieto y él mismo anunciaron la eliminación del sistema de consolidación fiscal para que los empresarios paguen 32 por ciento de impuesto sobre la renta, que hoy eluden mediante ese mecanismo, la realidad es que ‘la reforma hacendaria no lo elimina’. De acuerdo con versiones de legisladores asistentes, el funcionario les expuso que la consolidación fiscal se eliminará ‘por etapas’. El próximo año, dijo el funcionario a los perredistas, ‘el gobierno sólo quiere tener información de quienes se benefician de ello, porque hoy no la tiene, para contar con un mayor control de los grupos corporativos”’.

El Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex salieron a presumir músculo, y lograron su objetivo. Paralelamente, organismos de la iniciativa privada pusieron el grito en el cielo y amenazan con el infierno si el gobierno federal se aferraba a su reforma hacendaria y el Legislativo le daba vuelo. Y el anzuelo es la devastación laboral y la caída del ingreso de la mayoría (algo que, dicho sea de paso, lograron desde hace mucho y sin reforma).

Entre lo más reciente se cuenta lo siguiente: “desaparición de prestaciones para los trabajadores –como fondos de ahorro, vales de despensa, bonos y demás–, reducción de contrataciones e incluso despidos y salarios congelados, son algunos de los efectos inmediatos que traerá la reforma fiscal, ya que las empresas privadas están considerando tomar diversas acciones ante el elevado aumento del costo laboral que significa esta iniciativa. Tal como está planteada, la reforma pretende gravar el ciento por ciento de las prestaciones de los trabajadores y generará un incremento sustancial en las nóminas, que variará según cada empresa, pero podría significar 30 por ciento sobre las mismas, señaló la directora general de la firma de outsourcing Readring, Irma Flores Ruiz. Esta iniciativa afectará a las empresas, pero también a los trabajadores. Múltiples compañías, dijo, están pidiendo consultorías para que se haga un recálculo del costo de la nómina, contemplando los gravámenes que tendrán que pagar por otorgar prestaciones a su personal, tales como bonos de productividad o puntualidad, ayuda de gasolina, vales de despensa, fondos y otros” (La Jornada, Patricia Muñoz).

Por si fuera poco, también podrían dejar de contratar personal o incluso despedir al que ya tienen. Esto es porque de por sí registran caída en ventas, incremento de otros costos y su situación financiera se vería comprometida por el aumento de impuestos en cascada que significa la reforma financiera, planteó la experta en recursos humanos. Lo grave, según dijo, es que las prestaciones son conceptos muy importantes para los trabajadores, ya que mejoran sustancialmente sus ingresos, y si se gravan los costos de las nóminas sufrirán un aparatoso incremento y esto le pegará a todas las empresas, las cuales podrían optar por reducir o minimizar estas prestaciones, no otorgar incrementos salariales o de plano no contratar personal (ídem).

Más que previsible era la fúrica reacción de los barones ante la reforma hacendaria, su chantajista manejo mediático (guardada toda proporción, recuérdese Chipinque 1976; Atalaya 1979, y/o México en Libertad 1982) y la movilización de su ejército de cabilderos, pero en el gobierno peñanietista todo esto pasó de noche. Si algún iluso en el gobierno entrante supuso que los señores del gran capital estaban dispuestos a mover a México, pues qué enorme metida de pata. Parece que olvidaron la frase de batalla de estos mismos barones y de sus organismos cúpula en plena campaña electoral de 2006: apostarle a algo distinto implicaría retroceso, y para ellos algo distinto y retroceso es, por ejemplo, quitarles los jugosos privilegios fiscales que gozan de tiempo atrás.

¿En qué quedará la intentona (así sea retórica) peñanietista en materia fiscal? Lo cierto es que se tambalea, por lo que no deje de ver el próximo capítulo, con Luis Videgaray, el señor de los meteoros, en el papel protagónico.

Y mientras el nuevo gobierno voltea para todas partes, inventa impuestos por doquier e intenta sacar dinero de las piedras, el SAT reporta que al cierre de junio pasado los grandes contribuyentes (los barones y algunos más) mantienen créditos fiscales (impuestos causados, pero no pagados) por más de 100 mil millones de pesos, sin visos de recuperación.

Las rebanadas del pastel

Parece que al inquilino de Los Pinos le gusta ponerse de pechito, como ayer en Guadalajara: “el presidente Enrique Peña Nieto, al defender las reformas estructurales que impulsa su administración, sostuvo que ‘lo más cómodo, lo más fácil hubiese sido no hacer nada, haberle puesto pausa al país y dejar que la corriente siguiera su inercia’” (La Jornada, Angélica Enciso). Pues bien, diez meses después de arribar a la residencia oficial nada ha hecho, y el país, precisamente, está en pausa y en plena inercia.

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