Los 21 candidatos de las siete ternas para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas comparecieron ayer ante las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación del Senado. Se trata de aspirantes propuestos por universidades públicas y de organizaciones no gubernamentales o por organismos públicos de derechos humanos. Participaron ex funcionarios federales, ex funcionarios de las comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos y académicos.

En sus intervenciones, los postulantes coincidieron en que si el Estado no logra reparar integralmente el daño a las víctimas de violencia, la reforma constitucional en materia de derechos humanos será letra muerta. También señalaron que la población se encuentra en circunstancia de sufrimiento, angustia y vulnerabilidad debido al clima de inseguridad que prevalece en el país desde los últimos años.

Cuatro ternas –12 candidatos– fueron propuestos por universidades públicas, entre ellos Enrique Carpizo Aguilar, sobrino del ex rector de la UNAM Jorge Carpizo; Susana Thalía Pedroza, ex visitadora general de la CNDH; Sergio Jaime Rochín, ex funcionario de la Secretaría de Gobernación, así como Felipe Alcántara Espinoza, entre otros.

Entre los propuestos por las organizaciones no gubernamentales y por los organismos públicos de derechos humanos comparecieron los abogados del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Silvano Joel Cantú y Julio Hernández; también participaron Teresa Ulloa, de la Coalición para la Trata de Personas, y María del Rosario Torres Mata, propuesta por la organización México SOS, del empresario Alejandro Martí.

En su intervención, Joel Cantú, del MPJD, destacó que con esta ley se materializa un espacio de conservación de diálogo para responder las demandas de la sociedad y de las víctimas en general. Destacó: La ley no es una ventanilla para pagos de cheques, antes que cualquier reparación económica se deben ponderar principios y criterios que rijan la adecuada atención de los recursos.

Julio Hernández, también del MPJD, destacó ante los senadores que esta ley surgió del incumplimiento de muchas leyes. Destacó que el fondo de reparaciones ha sido la parte más criticada, hay quienes cuestionan por qué los ciudadanos con sus impuestos van a pagar lo que hicieron los delincuentes, y ello deriva de los incumplimientos del Estado, una la obligación de dar seguridad a sus ciudadanos, y la otra es que cuando no proporciona seguridad tiene la obligación de proporcionar justicia, y con el 98 por ciento de impunidad, el Estado tiene que ser responsable subsidiario por su negligencia.

Susana Pedroza fue cuestionada por el senador Manuel Camacho respecto del caso Zongolica. Respondió: “Soy la misma persona que llevó el caso Atenco en 2006, donde hubo más de 200 heridos y acredité violaciones sexuales contra mujeres; soy quien llevó el caso Castaños en Coahuila, donde acredité el caso de 14 mujeres violadas por soldados.

En 2007 acredité la agresión sexual de mujeres por militares y también me tocó el caso Zongolica, de la señora Ernestina Ascencio, y sostengo que no fue violada por militares. Estoy dispuesta a que el caso sea revisado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.