La Habana, 2 de octubre.

El gobierno del presidente de Cuba, Raúl Castro, multará a los cubanos que comercialicen artículos importados o revendan productos adquiridos en tiendas estatales, informó este miércoles la viceministra del Trabajo Marta Elena Feito al diario oficial Granma.

La venta de productos de factura industrial, o comprados en el exterior por modistas o sastres, plomeros y productores o vendedores de artículos varios de uso del hogar, constituirá una infracción y llevará a la aplicación de una contravención a quien realice esa actividad, indicó la funcionaria.

José Barreiro, asesor del ministerio, destacó que la medida es de ejecución inmediata, según lo descrito en el Reglamento del Trabajo por Cuenta Propia y en el código penal”.

Los funcionarios no precisaron el monto de las multas.

La medida busca impedir que trabajadores privados o por cuenta propia con licencia de modistas o sastres se dediquen a vender ropa, pues sólo están autorizados a confeccionar o hacer arreglos.

La venta de ropa importada ha proliferado al amparo de las reformas económicas del gobierno, pues los cubanos la prefieren por su precio y calidad. Esta ropa –procedente principalmente de Ecuador, Estados Unidos, Bolivia, Panamá y España– llega a la isla por diversas vías, incluso es ingresada por viajeros cubanos que se dedican a esta actividad.

Además, otros trabajadores privados han instalado puestos donde ofrecen –generalmente a mejores precios que en las tiendas del Estado– artículos de ferretería importados, o revenden productos adquiridos en el comercio oficial.

El gobierno amplió la semana pasada el trabajo privado con 18 nuevos oficios, entre ellos el de agente inmobiliario y de distribuidor de equipos y servicios de telecomunicaciones, formalizando actividades que se realizaban en la isla desde hace tiempo de manera ilegal.

Con esa ampliación suman 201 los oficios independientes autorizados en las reformas económicas.

El código penal tipifica como delito la obtención de mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancia, lo que se castiga con penas que van de tres meses a un año de cárcel, o una multa de cuatro a 12 dólares, o ambas. En la isla, que tiene 11.1 millones de habitantes, más de 436 mil cubanos se ganan la vida como trabajadores privados.

En otro asunto, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reportó un fuerte incremento de las detenciones por motivos políticos en Cuba, con un total de 708 arrestos durante septiembre.