La reforma energética propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto resulta falaz, privatizadora, perjudicial para los intereses generales de los mexicanos y violatoria de la soberanía nacional, coincidieron expertos y académicos universitarios.

Durante el segundo día de actividades del seminario sobre reforma energética organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Heberto Barrios, del Comité Nacional de Estudios de Energía, afirmó que la decisión de plantear cambios en la materia no es un asunto de México, sino que se tomó con base en recomendaciones exteriores, igual que la reforma educativa.

De acuerdo con los lineamientos de las potencias a escala mundial, dijo, “para que haya mayor rentabilidad debemos homogeneizarnos, independientemente de la historia y los intereses del país. Y esto –en caso de que se aprueben las modificaciones constitucionales– lo pagará el propietario de los recursos, es decir, todos los mexicanos”.

Destacó que la propaganda oficial transmitida en diversos medios de comunicación en favor de la reforma no es veraz, ya que los precios de los energéticos no serán más bajos y se compara la situación de la industria en México con la de naciones que no están en la misma sintonía.

A diferencia de Noruega, Colombia, Brasil o Cuba, que nos ponen como ejemplo en su propaganda, la geología de México ha sido generosa para la extracción y producción de petróleo, además de que los precios del crudo se han mantenido altos en el mercado internacional.

“Por esta razón –dijo–, el país no puede compartir sus ganancias” por la extracción del crudo, como proponen las modificaciones constitucionales planteadas por el Ejecutivo federal.

No se puede repartir la renta petrolera con las compañías que según esto van a producir más. Los empresarios no vienen a ayudarnos ni a enseñarnos, vienen por las ganancias. Además, la lógica del mercado no garantiza que la producción (de petróleo) aumente, como ha prometido el gobierno.

En su turno, Gerardo Gil, presidente de la sección mexicana del Club Roma, indicó que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son empresas públicas productivas, por lo que deben ser tratadas como unidades eficaces y eficientes en la generación de servicios.

Sin embargo, acotó, ninguna de las dos representa a la autoridad en el sector, por lo que se debe crear una unidad reguladora, a fin de que no exista extralimitación ni se generen en las paraestatales grupos de poder que incurran en la corrupción.

Para el especialista, el país necesita de una reforma energética, pero no debe ser privatizadora, pues en México hay muchos ejemplos de venta de entidades del Estado que no han sido exitosas desde la perspectiva de los intereses generales de la población.

Añadió que la reforma debe considerar los efectos de la explotación de combustibles fósiles en el calentamiento global. Ésta es una magnífica oportunidad para una profunda discusión en la materia, informada, ordenada y analítica, donde participen todos los actores sociales. Es fundamental que el país tenga una visión a largo plazo, prospectiva y con escenarios. La reforma no debe perder de vista la transición de energéticos (a los renovables) ni la noción de seguridad energética.

Manuel Barquín, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, indicó que una de las omisiones de la propuesta de Peña Nieto son las energías renovables, tema que según dijo es fundamental por dos razones: la quema de energías contaminantes continuará perjudicando el clima global, y las renovables permitirían que organizaciones ciudadanas y comunidades generaran sus propios energéticos.