Con la representación del presidente Enrique Peña Nieto, el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Olivas Ugalde, se sumó a la demanda de que el Congreso de la Unión apruebe ya la reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Al inaugurar la décima Semana Nacional de la Transparencia, en la sede del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), destacó que la reforma referida, actualmente radicada en el Senado, resulta emblemática porque fortalece al órgano garante de la transparencia, al darle autonomía constitucional, determinar que sean inatacables sus resoluciones y obligar a los partidos políticos, sindicatos y toda instancia pública y privada a rendir cuentas.

Olivas indicó que las reformas que ya han sido aprobadas por la Cámara de Diputados, tienen el propósito de lograr que las instancias de gobierno sean más abiertas en su diseño y funcionamiento, y asuman su responsabilidad de modo natural.

Antes, el comisionado presidente del Ifai, Gerardo Laveaga, señaló que en ninguna parte del mundo se ha propuesto una reforma tan avanzada como la enlistada para su aprobación en el Senado. Dotar de autonomía constitucional al órgano garante, con autoridad frente a todo receptor de recursos públicos, sobre toda instancia gubernamental para garantizar el derecho a saber, es un avance sin precedentes en la historia del derecho de acceso a la información, aseguró.

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Ricardo Anaya Cortés, planteó que la reforma referida es, apenas, el buen inicio de un muy largo camino hacia la auténtica transparencia en el país.

Y al dictar su conferencia magistral, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, advirtió que sería un pésimo mensaje del Congreso, no aprobar la reforma en cuestión.

Sugirió a quienes están comprometidos con la transparencia, a no bajar la guardia y no ceder a la exigencia de consolidar el derecho de acceso a la información.