Las agresiones de las que fueron víctimas cinco activistas de derechos humanos, mientras documentaban ataques y detenciones arbitrarias de la policía capitalina durante la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco, son ya un patrón que deja ver la falta de capacitación de las fuerzas del orden para controlar a grupos violentos, señalaron diversas organizaciones sociales.

En conferencia de prensa, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), denunció que cinco miembros de dicha organización fueron violentados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal mientras realizaban su trabajo de monitoreo de la marcha.

De acuerdo con el colectivo, el activista Víctor Carlos Banda fue tirado al suelo y recibió una ‘‘brutal golpiza’’ por parte de varios policías, en un incidente donde también fueron agredidos Quetzalcóatl Fontanot, Araceli Olivos, Xosé R. Figueroa y Simón Hernández León, detalló Marroquín, quien exigió que los responsables del ataque sean sancionados y se garantice la no repetición de estos hechos.

El propio Banda explicó que en varios momentos de la marcha los agentes obstaculizaron el paso de los contingentes sin ninguna razón y detuvieron de forma arbitraria a personas que sólo observaban la caminata, pero no se encontraban cometiendo ningún acto de vandalismo, lo cual demuestra que no estaban ahí para proteger a la ciudadanía, sino para ‘‘enfrentarse y reprimir’’.

Por su parte, Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), denunció que los efectivos de la policía local mantuvieron una actitud de provocación contra los activistas e incluso utilizaron balas de goma contra ellos, a pesar de que estaban plenamente identificados con gafetes y chalecos.

Asimismo, dijo que varias personas vestidas de civil y transportadas en vehículos militares se dedicaron a azuzar a los manifestantes para que cometieran actos violentos, y poco más tarde fueron vistos realizando detenciones arbitrarias y con exceso de fuerza.

Darío Ramírez, director en México y Centroamérica de la organización Artículo 19, censuró que algunos medios informativos aborden el tema ‘‘de forma maniquea, como si se tratara de un enfrentamiento entre buenos y malos’’.

En ese sentido, recalcó que los actos de violencia de civiles contra uniformados son delitos que deben ser castigados, de la misma forma que las agresiones y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado.

Ramírez enfatizó que desde las protestas del primero de diciembre de 2012 ‘‘estamos viendo un patrón claro de incapacidad de las policías para controlar a los grupos violentos’’. Según datos de Artículo 19, agregó, 90 por ciento de los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos fueron cometidos por policías y 10 por ciento por grupos de civiles no identificados.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, coincidió en que los abusos policiacos contra las movilizaciones ya son una constante, por lo que llamó a los gobiernos local y federal a hacer una revisión ‘‘profunda y seria’’ de este fenómeno.

Finalmente, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad, debido a su falta de preparación, capacidad y supervisión, y llamó a las autoridades a rendir cuentas sobre el tema.