Violando el contrato y acuerdos firmados con los ejidatarios de La Sierrita, la minera canadiense Excellon Resources explora por afuera de las mil 100 hectáreas que le arrendó esta comunidad, y ya hizo barrenados para la exploración de mantos fuera de las tierras arrendadas.

Además, desde la firma del contrato la empresa no ha construido la planta tratadora de agua ni tampoco le ha dado al ejido la concesión de transporte de mineral y el comedor de los trabajadores, como se comprometió. Esa minera ha actuado sin autorización de la asamblea ejidal y ha incurrido en toda clase de incumplimientos legales, ya que además de haber sobrepasado el contrato de ocupación temporal, viola la Ley Federal del Trabajo, dado que ha reprimido y despedido trabajadores.

Tras informar lo anterior, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (ProDesc) planteó lo anterior y sostuvo que el sexto tribunal unitario agrario, con sede en Torreón, llevó a cabo una audiencia agraria entre el ejido La Sierrita y Excellon Resources Inc, minera de capital canadiense, en la que se presentaron pruebas documentales que acreditan que esta firma se extralimitó y ahora explora hectáreas que no tiene arrendadas.

Es decir, ha violado la cláusula sexta del contrato de ocupación temporal, donde se estipula la necesidad del consentimiento y autorización de la asamblea ejidal para explorar fuera de las mil 100 hectáreas, de lo contrario se podría promover la rescisión del contrato.

En la audiencia el ejido presentó un documento certificado en el cual el gerente de la mina, Pablo Gurrola, reconoce que se realizó la exploración fuera de las tierras arrendadas. Este documento fue presentado por la empresa como prueba durante el proceso de queja frente al Punto Nacional de contacto de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, indicó el ProDesc.

David Espinoza, presidente del comisariado ejidal, informó que solicitó al Tribunal Unitario Agrario que se realicen peritajes para que verificar cómo Excellon ha barrenado tierras para la exploración a su arbitrio, violando el contrato de ocupación temporal.

Para el ProDesc, el litigio representa una oportunidad para que el Tribunal Agrario garantice el respeto de los derechos humanos que tienen los ejidatarios a la tierra, territorio y bienes naturales, y que, a partir de una resolución judicial le sean devueltas sus hectáreas a los campesinos y se les pague la reparación de daños que corresponde.