Madrid, 4 de octubre

El macrojuicio contra la corrupción política y empresarial en Marbella –denominado caso Malaya– culminó con una sentencia que pone fin a siete años de proceso y que, a pesar de asumir la tesis principal de la fiscalía de desfalco al erario y el blanqueo de capitales por más de 2 mil 500 millones de euros, dictó sentencias leves a los principales acusados.

De un total de 86 imputados, la Audiencia Provincial de Marbella absolvió a 43 y el resto tuvieron sanciones y condenas muy por debajo de las solicitados por el fiscal.

El caso Malaya reflejó uno de los episodios más oscuros de la corrupción política en España, que cuando irrumpió –en 2006– se convirtió en el mayor escándalo relacionado con la industria urbanística y el gobierno municipal de Marbella y de otros pueblos de la Costa del Sol. El sistema era el clásico: un grupo de empresarios pagaba comisiones a las autoridades, presididas por un partido –GIL– fundado por el cacique de la región, Jesús Gil y Gil, para que éstas aprobaran las recalificaciones de terrenos, cambiaran las ordenanzas municipales según sus intereses y en caso de necesidad expropiaran y se otorgaran las licencias necesarias para llevar a cabo sus proyectos urbanísticos.

En menos de dos décadas, este sistema de corrupción generalizada transformó la Costa del Sol española, que se convirtió en uno de los centros de operación de las mafias rusa y calabresa, al tiempo que se desató la construcción sin control de viviendas, centros deportivos, campos de golf y prostíbulos por toda la región, provocando un grave daño medioambiental.

La Fiscalía Anticorrupción intentó investigar y procesar al que era el cabecilla de la trama, el cacique Jesús Gil, quien murió en 2004 con una fortuna intacta de miles de millones de euros y sin ningún proceso abierto en su contra.

Tras el deceso, el Ayuntamiento de Marbella recayó en manos de uno de sus incondicionales: Julián Muñoz, quien en realidad era simple parapeto del hombre que realmente detentaba el poder en la región y que movía los hilos de empresarios, jueces, policías y hasta de los mafiosos rusos e italianos instalados en la ciudad, que era Juan Antonio Roca.

Fue hasta 2006 cuando la policía finalmente detuvo a un centenar de personas por numerosos delitos de corrupción, blanqueo de dinero, amenazas, tenencia ilícita de armas, falsedad documental y fraude fiscal. Entre los detenidos está Roca, el hombre fuerte de la región, a quien sólo en una de sus viviendas se le encontró una colección de cuadros valorada en varios cientos de millones de euros y varios animales salvajes disecados, desde jirafas, tigres y hasta un elefante. Era el símbolo del despilfarro y la corrupción.

Después de siete años de juicio, Roca fue condenado a una pena de 11 años de prisión y a una multa de 240 millones de euros, cuando la fiscalía solicitó 30 años de cárcel y una multa de más de mil millones de euros, una vez que se calcula que el conjunto de trama habría blanqueado más de 2 mil 500 millones de euros.

Otros de los acusados, como Julián Muñoz, fue condenado a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por fraude y prevaricación; Marisol Yagüe, ex alcadesa de Marbella, a seis años de prisión –la fiscalía pedía 16– por malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo y alteración del precio de concursos. El juez también le ha impuesto una multa de 2 millones de euros. Tampoco se ha librado de la cárcel la ex teniente de alcalde de la ciudad, Isabel García Marcos, quien deberá cumplir una condena de cuatro años por cohecho pasivo y alteración de precios de concursos, y a pagar una multa de 700 mil euros. Mientras la testaferro de Roca, Montserrat Corulla, deberá cumplir cuatro años de prisión y pagar una multa de 30 millones de euros.

General de los GAL, en libertad condicional

Enrique Rodríguez Galindo, el general de la Guardia Civil española que fue condenado a 75 años de cárcel por el terrorismo de Estado que practicó en la guerra sucia contra ETA, desde los ilegales Grupos de Autodefensa de Liberación (GAL), se encuentra en libertad condicional, gracias a que el juez penitenciario accedió a su petición.

El ex general español se encontraba cumpliendo la condena en su domicilio desde septiembre de 2004, una vez que se autorizó su excarcelación por motivos de salud, pero ahora, con esta decisión judicial, ya ni siquiera tendrá que someterse a la vigilancia policial.

Rodríguez Galindo fue el autor intelectual y el general de la Guardia Civil que ordenó a los GAL, un grupo paramilitar creado al amparo del gobierno socialista de Felipe González, el secuestro, las torturas y el asesinato de Juan Antonio Lasa y José Ignacio Zavala, jóvenes vascos de 21 y 23 años.