El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, consideró ayer que la respuesta de la Presidencia de la República a la petición de Andrés Manuel López Obrador para que se realice una consulta ciudadana sobre la reforma energética refleja que “Los Pinos, el gobierno federal y las bancadas del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados están negados a que se consulte al pueblo.

“Con ello –dijo– sin duda generan condiciones de autoritarismo, de un ejercicio del poder concentrado, absolutista”.

Barbosa fue entrevistado en el reciento de Xicoténcatl, al término de la ceremonia conmemorativa del centenario luctuoso del senador Belisario Domínguez, y subrayó: me preocupa, o nos preocupa, cuál va a ser el contenido de la ley de participación ciudadana, que es parte de la reforma política.

Sobre ese punto, insistió el perredista, ¿cuál va a ser el contenido de esa ley cuando se regule el referéndum? ¿Qué condiciones se van a querer establecer para obstaculizar la celebración de las llamadas cartas ciudadanas?

El fondo político

“Tenemos conocimiento –añadió– de que hay una decisión del gobierno de impedir a toda costa la celebración de un referéndum. Así que vamos a ver estos días el sentido de eso que evidenció el gobierno federal en la respuesta que dio a Andrés Manuel López Obrador respecto de la propuesta de la consulta popular en materia energética. Ese es el fondo político, porque pronto habrá una regulación de una ley secundaria”.

Barbosa insistió en que su denuncia se debe a la pretensión del gobierno de establecer en el contenido de esa ley secundaria condiciones para hacer imposible la celebración de un referéndum. No vamos a permitirlo; vamos a hacer uso de algún recurso constitucional.

El priísta y presidente del Senado, Raúl Cervantes, resaltó que la respuesta del Ejecutivo a López Obrador es un profundo respeto a la división de poderes que establece la Constitución.

También opinó sobre la resistencia civil pacífica a la que llamó el ex candidato presidencial de la izquierda: “esa medida siempre será en contra de una ley, y todavía ni siquiera se sabe en qué términos va ser aprobada. No entendería cuál es el argumento de que antes se pida una resistencia cuando ni siquiera ha habido una aprobación de una reforma.

Desde el punto de vista de democracia constitucional (el llamado) no tiene sentido, porque la resistencia civil se da cuando está aprobada una ley.