El ministro presidente Juan N. Silva Meza sostuvo que aun frente a decisiones polémicas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido una de las instituciones de Latinoamérica más reconocidas, no sólo por los organismos defensores de los derechos humanos, sino por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al inaugurar ayer los trabajos del 48 periodo extraordinario de sesiones de la Coidh, Silva Meza agregó que la Suprema Corte constituye el catalizador de una nueva manera de impartir justicia en el país.

Ante la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del presidente de la Coidh, juez Diego García-Sayán, el ministro subrayó que a consecuencia del caso Radilla –resuelto por el organismo interamericano en 2010, que derivó en una decisión histórica de la SCJN respecto de acotar el fuero militar con relación a delitos cometidos contra civiles y al establecer que las resoluciones de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado Mexicano– el pleno de la Corte tiene mucho más claro que nuestra obligación principal es funcionar como la última línea de defensa de los derechos de las personas y como insignia de la ruta que las autoridades deben seguir, para hacer valer los derechos humanos de todas personas.

Recordó que toda la jurisprudencia de la CIDH es vinculante para México, siempre y cuando su aplicación resulte más protectora de los derechos de las personas, de conformidad con el artículo primero constitucional.

La relación entre ambas Cortes, apuntó Silva Meza, es fundamental, porque no se trata de que un tribunal esté encima de otro, sino que el trabajo de ambos cuerpos colegiados debe armonizarse, con el único objetivo de hacer más sólido el respeto a los derechos humanos de las personas en nuestro país.

Osorio Chong sostuvo que México ha atendido con acciones puntuales el cumplimiento de las sentencia de la Coidh y puso de ejemplo que en mayo pasado, la Corte determinó que el Estado mexicano ha cumplido cinco de los resolutivos dictados en el caso Radilla –no precisó cuántos faltan por ejecutar–, el cabal cumplimiento a los ocho resolutivos en la sntencia conocida como campo algodonero –relacionada con las investigaciones de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua–, y el cumplimiento total en el caso Castañeda.

García-Sayán destacó que la realización en la ciudad de México del 48 periodo ordinario de sesiones, en el contexto de la próxima entrada en vigor de la reforma penal, servirá a los mexicanos para estudiar las peculiaridades que caracterizan un procedimiento eminentemente penal.