Las cúpulas del sector empresarial manifestaron en el Senado su abierto respaldo a la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, pero exigieron ‘‘ir más a fondo y que se les otorguen concesiones –para explorar y explotar hidrocarburos–, se dé certeza jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros y se instituya un fondo soberano intergeneracional con la renta petrolera’’.

Al continuar los foros sobre la reforma energética, convocados por PRI y PAN en la Comisión de Energía del Senado, las principales cúpulas empresariales definieron como ‘‘urgente, vital, estratégica y crucial para el futuro económico del país’’ la apertura al capital privado de los sectores eléctrico y petrolero.

La Asociación de Bancos de México (ABM), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), su similar de Nuevo León (Caintra) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) resaltaron la importancia de una reforma que abra el sector energético para generar empleos y dar estabilidad macroeconómica al país.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, resaltó la necesidad de que en la reforma se incluya la apertura de la generación de energía eléctrica a la iniciativa privada para que el país logre mayor competitividad. ‘‘Se están yendo inversiones que pudieran instalarse en México, y no se van a naciones lejanas, sino a Estados Unidos, donde encuentran insumos más competitivos’’, señaló.

Manifestó que ‘‘es crucial que la reforma sea constitucional; los empresarios estamos convencidos de que se requiere dejar abierto el margen para que el Estado adopte el mejor convenio y no se restrinja a los contratos de utilidad compartida.

Destacó que es una reforma que debió aprobarse hace 30 años, pues ahora es reactiva más que proactiva frente a los avances a nivel internacional en el sector energético, señaló.

Por su parte, el dirigente de Concamin, Francisco Funtanet, demandó ‘‘no dejar pasar el momento de una reforma histórica para alentar el crecimiento insertando a la iniciativa privada, porque de ello depende tener instrumentos clave para el crecimiento sostenido y acelerado de la economía’’. Esto, agregó, sería detonador de inversiones nacionales y extranjeras, pues el régimen actual es inhibidor para atraer capitales.

Funtanet pidió que en la reforma se redefina la participación de la inversión privada y pública, ‘‘eliminando la clasificación de petroquímica básica para liberarla totalmente a la inversión privada en condiciones de certeza jurídica y operativa, sin que el Estado pierda la rectoría de los hidrocarburos’’. Esto implicaría abrir a la participación privada la refinación y la distribución, así como la posibilidad de invertir en infraestructura marítima.

Por su parte, Javier Arrigunaga, presidente de la Asociación de Bancos de México, destacó que entre los mercados internacionales y nacionales ‘‘no hay una reforma más importante que la energética, pues en la medida en que haya una modificación constitucional, con contenido claro, profundo y con certeza jurídica, se generará una reacción muy favorable en los mercados internacionales que se reflejará no sólo en el mediano o largo plazos, sino incluso en el corto’’.

Apuntó que una reforma podría alentar mayores inversiones en tres de los cuatro sectores que a escala global captan más capitales. Consideró que se permitiría un crecimiento económico, refiriendo que tan sólo un punto porcentual que se incrementara implicaría 18 mil millones de pesos en recaudación fiscal.

Abundó que la reforma es relevante para el desarrollo del sistema financiero, ya que ayudará a consolidar un marco macroeconómico donde pueda haber más crédito con tasas más baratas.