Diez policías federales que acreditaron este año los exámenes de control de confianza, y tres evaluados en 2011, fueron detenidos por ser presuntos integrantes de una banda delictiva a la que se adjudican al menos siete homicidios y cuatro secuestros.

En menos de un año han sido puestos a disposición de la autoridad, por hechos de corrupción, 94 elementos de la Policía Federal (PF). En esa lista están incluidos los 13 del anuncio de ayer, casi todos jóvenes (entre 22 y 32 años), policías rasos con antigüedad laboral de menos de dos años (sólo uno tenía seis y medio); diez fueron evaluados este año y tres en su ingreso, en 2011.

El comisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, afirmó que es necesario replantear el modelo de exámenes de confianza, porque han salido quienes no debían y viceversa.

No quiero descalificarlos (los exámenes de control de confianza); hemos encontrado personas que distan mucho de haber cumplido con una vida adecuada y con una probidad total, y algunos exámenes han sido reprobatorios por cuestiones secundarias que realmente no justificarían que la persona salga de la PF. Creo que hay mucho qué hacer, dijo.

En tanto, el vocero del gabinete de seguridad, Eduardo Sánchez, señaló que desafortunadamente hay quienes habiendo pasado los controles de confianza transgreden la ley. No obstante, dijo que no hay ninguna posibilidad de encubrimiento ni complicidad con esos policías supuestamente transgresores de la ley.

Acerca de los hechos difundidos ayer, precisó que hay 18 presuntos responsables de participar en delitos graves (dos secuestros derivaron en la ejecución de la víctima); se trata de 13 uniformados y cinco civiles, todos supuestamente dirigidos por Luis Miguel González Petatán, de 31 años de edad.

Los implicados delinquían principalmente en Acapulco. Además, se les acusa de ser posibles responsables de delitos contra la salud, delincuencia organizada, homicidio, secuestro y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, entre otros. Si son sentenciados por un juez, podrían pasar hasta 70 años en prisión. El operativo estuvo a cargo de policías federales que detuvieron a sus propios compañeros.

El registro de los controles de confianza está a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según las cifras más recientes, la mayoría de las entidades han examinado a sus corporaciones en un rango de 50 a ciento por ciento; los más rezagados son Guerrero, estado de México y Tamaulipas, con un nivel de 25 a 50 por ciento.

Sánchez dijo que no se tolerarán actos de corrupción cometidos por servidores públicos, cuya tarea es servir a la ciudadanía, no agraviarla. En conferencia de prensa, dijo que los implicados serán juzgados sin miramientos ni clemencia.

Que quede claro: las instituciones no son ni serán refugio de complicidades. El peso de la ley caerá con todo su rigor contra todo aquel servidor público que traicione la confianza de la ciudadanía, dijo.