La Cámara de Senadores aprobó ayer, por mayoría de votos, los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Para un periodo de cinco años se eligió a Adrián Franco Zevada, ex coordinador de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), con 83 votos; Susana Thalía Pedroza de la Llave, ex segunda visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con 83, y Julio Hernández Barros, abogado del Movimiento por la Paz por Justicia y Dignidad, con 89.

Asimismo, para un periodo de tres años se aprobó a Sergio Jaime Rochín del Rincón, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex funcionario de la Secretaría de Gobernación, con 90 votos, y Carlos Ríos Espinosa, ex visitador adjunto de la CNDH y secretario de Investigación del Instituto de la Judicatura Federal, con 90.

Para un periodo de un año los senadores aprobaron a María Olga Noriega Sáenz, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, con 83 votos, y María del Rosario Torres Mata, perteneciente a las víctimas –secuestraron y mataron a su hijo–, con 90 votos.

Por la mañana, las comisiones unidas de Gobernación y Justicia no pudieron sesionar por falta de quórum.

La legisladora priísta Cristina Díaz, titular de la Comisión de Gobernación, explicó que esto se debió a que los senadores panistas no pudieron llegar al encuentro y convocó a reunión más tarde. En ese momento trascendió que aún no había acuerdo sobre los nombres que serían propuestos al pleno.

Más tarde, los integrantes de ambas comisiones, en reunión de trabajo, lograron consenso sobre los siete nombres que propondrían como comisionados, de un total de 21 candidatos incluidos de las siete ternas que envió al Senado el presidente Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Gobernación.

El tema fue presentado ante el pleno y ahí los senadores Benjamín Robles y Fidel Demédicis, del PRD, afirmaron que no estaba representado, como señala la Ley General de Víctimas, el criterio de representación geográfica.

Robles dijo que tanto el Ejecutivo como el Senado debemos garantizar la representación geográfica en la integración de esta comisión y esto no sucede con la propuesta, porque cinco son del Distrito Federal y sólo hay dos del interior del país: uno de San Luis Potosí y otro de Morelos.

Demédicis insistió en que no se cumplía el requisito de la representación geográfica y sostuvo que era necesario revisarlo, pues no hay representación de estados como Nuevo León, Nayarit, situación que nos preocupa.

El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil Zuarth, destacó en tribuna que los candidatos propuestos van a ser votados en el pleno y cumplen los requisitos. Los siete representan un consenso parlamentario que dará a la comisión ejecutiva el impulso que merece y que honra la ley que este Senado aprobó por amplia mayoría.

Destacó que los 21 candidatos propuestos tienen perfiles de altísima calidad y una trayectoria en la defensa de los derechos de las víctimas.

La senadora Cristina Díaz dijo que el dictamen que se propuso al pleno con los siete nombres es parte de un acuerdo para atender la demanda de la sociedad mexicana. Se privilegió siempre el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos. Este acuerdo lo construimos las comisiones dictaminadoras y no fue fácil.

La senadora Arely Gómez expuso que hoy se eligen los mejores perfiles para la integración la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es el brazo operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.