En el Senado se pretende a marchas forzadas dictaminar la reforma político-electoral, ya que su aprobación es la condicionante del Partido Acción nacional (PAN) para votar las enmiendas constitucionales en materia energética y la ley hacendaria, lo que el coordinador de la bancada perredista, Miguel Barbosa, consideró una irresponsabilidad, y advirtió que una estrategia de canje, de aprobar esto a cambio de aquello, reduce la discusión parlamentaria a un ejercicio de conveniencia.

Insistió en que es irresponsable pensar que puede construirse en tan sólo dos semanas una reforma que establece cambios de gran relevancia al régimen político y electoral, como la creación incluso de un instituto de elecciones y la instauración de la segunda vuelta para la elección presidencial y de gobernadores.

El coordinador de los senadores del sol azteca propuso promulgar una ley para la reforma política que permita a los grupos legislativos fijar la ruta, acordar los términos, temas y plazos para procesar el tema, con toda ­responsabilidad.

Es una salida para todos, para el propio gobierno y para las fuerzas políticas, sobre todo, resaltó, porque los grupos parlamentarios en el Senado no han logrado acuerdos en torno al procesamiento de esa reforma, y los panistas condicionan a que se apruebe antes de la hacendaria y la energética.

En la actualidad hay dos iniciativas en materia de reforma política, una propuesta por el PRD y los senadores panistas afines a Ernesto Cordero, y otra de la dirección del PAN.

Barbosa detalló que la iniciativa del PRD propone otorgar al IFE atribuciones para supervisar el proceso de fiscalización e incorpora sanciones más altas y explícitas al rebase de tope de gastos, tales como pérdida de registro, de candidatura y la posibilidad de declarar la nulidad de las elecciones.

También se definen topes al gasto en comunicación social, la necesidad de distribuir los tiempos oficiales del Estado, la creación de un consejo ciudadano, así como un sistema de segunda vuelta electoral para todos los cargos ejecutivos del país y la relección consecutiva de legisladores. Asimismo, se crea la figura de jefe de gabinete y se da autonomía a la PGR.