Profesores y padres de familia denunciaron que el Censo de Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, que aplica la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2013, es una auditoría escolar que violenta los derechos y la privacidad de los menores.

El documento, cuya copia tiene La Jornada, señala que, de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es de carácter obligatorio responder el cuestionario, pese a que la dependencia nunca informó de ello.

La hoja de datos que se distribuyó a miles de padres de familia en todo el país, tanto en escuelas públicas como privadas, a quienes se les dio la indicación de contestarlo sin consultar si estaban o no de acuerdo, señala que la citada norma, en sus artículos 40 y 45, establece la obligación de proporcionar respuestas veraces, y de que existen consecuencias por la falsedad en los datos proporcionados.

Cabe señalar que en este cuestionario se incluyen preguntas no sólo sobre la identidad y residencia de los alumnos, también si para trasladarse a su escuela los menores usan caballo, burro o mula, panga o lancha, bicicleta, motocicleta, automóvil o camioneta o caminando.

Marisol Herrera, madre de dos alumnas de primaria, destacó que la semana pasada recibió, por conducto de sus hijas, el cuestionario en el que solicitan datos generales del alumno como nombre, clave única de registro de población, y lugar de residencia, pero también solicitan sobre las condiciones físicas, mentales e intelectuales de sus hijos.