Celaya, Gto., 13 de octubre.

El gobierno panista de Celaya comenzó a quitar a los franeleros de las calles porque su Bando de policía y buen gobierno considera que esta actividad atenta contra el orden público y la paz social.

Hace 15 días, la policía empezó a retirar a quienes cuidan autos en la avenida Adolfo López Mateos, principal arteria de la ciudad. El director de seguridad pública, Jorge Acuña Dávalos, dijo: Cuando se rompe el orden se crea un entorno para que se generen acciones delictivas. Esto ha generado inquietud, incomodidades y desconfianza.

Dijo que esa calle unas 75 personas cuidan carros y al menos 15 de ellos tienen antecedentes penales relacionados con el consumo de drogas, lesiones y robo, argumentó el funcionario para justificar la aplicación del programa Crucero seguro.

Agregó que el artículo 34 del bando de policía estipula que está prohibido pedir gratificaciones por la custodia de vehículos estacionados en la vía pública y calculó que sólo unas 30 personas podrán seguir trabajando ahí si los avala algún establecimiento, pero tendrán que portar uniforme.

Unos días antes de que terminara la administración 2006-2009, el ayuntamiento encabezado por el entonces alcalde panista Gerardo Hernández Gutiérrez reformó el bando de policía y buen gobierno para sancionar a limpiaparabrisas, malabaristas y cuidacoches.

Disposición ilegal: PRD

Para la secretaria de la comisión de derechos humanos del Congreso local, la diputada Guadalupe Torres Rea, el bando viola las garantías individuales de quienes laboran en las calles.

No pueden estigmatizar o señalar a las persona. Mientras no vulneren el derecho de terceros, pueden trabajar en la actividad lícita que escojan, como lo garantiza la Constitución, consideró la coordinadora de la fracción del Partido de la Revolución Democrática y exhortó al procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, a integrar una queja por oficio por la estigmatización del gobierno de Celaya a los franeleros.

Torres Rea pidió al ayuntamiento de Celaya que se asesore con el ombudsman para que sus reglamentos no violen la Constitución ni las disposiciones sobre derechos humanos.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato hizo varias recomendaciones al alcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, porque en diciembre del 2012 la policía arrestó a cuatro ciegos por pedir limosna en la calle.