Guadalajara, Jal., 13 de octubre.

La disparidad de prestaciones laborales es uno de los obstáculos para la aplicación del mando único policiaco, principal proyecto del gobierno estatal para enfrentar la creciente inseguridad, que coloca a la entidad como la tercera con más asesinatos y otros delitos en el país. De 110 municipios evaluados recientemente, apenas 11 otorgan esas prerrogativas a sus agentes.

Una investigación realizada por la comisión de seguridad pública del Congreso del estado, que preside el diputado José Luis Munguía Cardona, detectó que ocho de los 110 municipios que proporcionaron información (en total son 125) no brindan ningún tipo de protección social a sus policías, quienes carecen de servicio médico, pensiones y seguro de vida.

Estas localidades son Chimaltitán, Concepción de Buenos Aires, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Manzanilla de la Paz, Quitupan, San Sebastián del Oeste, Santa María del Oro y Techaluta de Montenegro, la mayoría ubicados en regiones donde operan cárteles.

Indicó que 74 municipios no ofrecen seguro de vida a sus elementos y que hay diferencias en equipamiento. En la zona Valles –la segunda con mayor incidencia de asesinatos después de la zona centro– los policías perciben salarios raquíticos y carecen de patrullas y personal debido a la alta rotación.

De unos 14 mil elementos que han sido evaluados en Jalisco, casi 5 mil reprobaron y se desconoce cuántos siguen trabajando.

El proyecto de mando concentrado –llamado Fuerza Única Jalisco (FUG) e impulsado por el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval desde marzo– tampoco ha podido concretarse por problemas presupuestales, pese a que se sortearon los escollos legales mediante una reforma expedita que permitió crear la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por el ex secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Luis Carlos Nájera.

Los 600 millones de pesos destinados a poner en operación la FUJ e incentivar a los policías no han llegado; mientras, los mil 900 efectivos que integrarían la Fuerza Policial Metropolitana y la Fuerza Policial Regional se quejan de su precaria capacitación, falta de entrenamiento y de equipo e incluso de que los asignan a tareas ajenas a su labor.

El 8 de octubre en Tepatitlán tres policías murieron y cuatro resultaron heridos al enfrentarse con una célula de criminales. Entre los abatidos estaba el supervisor operativo Rubén Landero Romo, tercero al mando en la policía estatal.

La hermana de uno de los muertos acusó al fiscal Nájera de no coordinar la fuerza pública para evitar que los uniformados fueran atacados con granadas y armas de grueso calibre.

El único detenido por el ataque es José Eduardo Rosales Barajas, quien fue policía entre 2001 y 2007. La banda a la que presuntamente pertenece es la misma que hace tres meses secuestró y asesinó a varios jóvenes en Lagos de Moreno. El inculpado aceptó que está involucrado en 27 secuestros y varios asesinatos.

Nájera declaró en el acto luctuso: Jalisco hace un esfuerzo extraordinario con un arranque muy difícil, porque la situación económica en que se recibe el estado no es la mejor.