La mesa directiva de la Cámara de Diputados tiene congelada la solicitud de la Comisión de Derechos Humanos para que se le turne a dictamen la iniciativa del PAN para criminalizar la protesta social, y determinar si la propuesta del blanquiazul es viable o afecta las libertades civiles.

La propuesta, presentada originalmente el 26 de septiembre para tipificar la protesta social en el Código Penal federal y retirada en los días siguientes, ahora pretende instaurar en el Distrito Federal una ley de manifestaciones públicas.

El diputado Francisco Sotomayor (PAN) presentó ambas iniciativas, la más reciente el 3 de octubre, en sesión ordinaria.

En respuesta, diputados de PRD, PT y Movimiento Ciudadano calificaron el proyecto de fascista y solicitaron al presidente de la mesa directiva, José González Morfín (PAN), turnar a la Comisión de Derechos Humanos la iniciativa, porque él sólo la envió a dictamen a la del Distrito Federal, con opinión de la de Presupuesto.

Ante la insistencia de los legisladores de esos partidos, González Morfín pidió que la solicitud fuera presentada, en oficio, por la junta directiva de la comisión.

La petición la entregó el miércoles 9 de octubre, a las 12:24 la presidenta de la comisión, Miriam Cárdenas Cantú (PRI), con el respaldo de tres secretarios de su partido, Rodimiro Barrera Estraga, María Esther Garza y Gabriel Gómez Michel; dos del PRD, María de Lourdes Amaya y Margarita Tapia Fonllem; y los de Movimiento Ciudadano, PT y Panal, José Francisco Coronato, Loretta Ortiz Ahlf y René Fujiwara Montelongo, respectivamente.

Sin embargo, el presidente de la mesa directiva, Ricardo Anaya Cortés, no le dio trámite en la sesión de ese día, ni en la del jueves 10.

En su escrito, la comisión señaló que requiere trámite para dictaminar la iniciativa, porque ésta guarda profunda relación con los derechos humanos concernientes a la libertad de expresión, de reunión y asociación que la Constitución contempla, así como otras disposiciones del ordenamiento jurídico nacional e internacional que México ha suscrito.

Además, resaltó, la iniciativa pretende establecer reglas a las manifestaciones públicas en el Distrito Federal y, por tanto, requieren un análisis ponderado a la luz de los derechos humanos.

Por tal razón, la comisión consideró que la iniciativa debe necesariamente pasar a través de las reflexiones y consideraciones que esta comisión especializada en la materia pueda aportar.