Las ventas del sector joyero cayeron 90 por ciento en septiembre pasado, cuando entró en vigor la llamada ley antilavado, sostuvo el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón.

La Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de octubre de 2012. El 16 de agosto de este año se publicó en el mismo órgano el reglamento de dicha ley, y el 23 de agosto las reglas generales.

Dicha legislación, que entró en vigor el primero de septiembre pasado, obliga a los vendedores de determinados bienes a tomar los datos de sus clientes a la hora de hacer una operación en efectivo que implique una cantidad elevada de recursos y dar aviso a la autoridad en caso de anomalías.

Las personas que deseen comprar relojes, joyas, metales, piedras preciosas u obras de arte sólo lo podrán hacer con un pago máximo en efectivo de 3 mil 210 salarios mínimos, equivalentes a 207 mil 879 pesos.

En entrevista Castañón comentó que la ordenanza han disminuido notablemente las operaciones de ciertos sectores empresariales, principalmente debido a que no existe claridad entre los vendedores sobre cómo llevar a cabo las obligaciones que define la ley.

Destacó que la industria de la joyería ha sido muy dañada por la iniciativa, ya que en el primer mes de vigencia hubo una afectación de 90 por ciento de las operaciones, con lo cual se promueve la informalidad y la piratería, advirtió.

Lo que habíamos avanzado con formalidad, atender con facturas la venta de todos los artículos de la industria joyera, está viéndose afectada, lamentó.

Detalló que ley de lavado de dinero obliga a cada joyero a pedir una identificación y una serie de datos fiscales de la persona que quiere comprar una joya. Sin embargo, señaló que esa dinámica está alejando a los consumidores, quienes desconfían de tener que dejar sus datos.

Los consumidores están optando por lo más fácil, que es postergar su decisión de compra hasta no ver claro qué consecuencias puede tener para ellos el manifestar todos sus datos en la adquisición de una joya, por pequeña que sea, puntualizó.

Agregó que el sector joyero está demandando medidas inmediatas, debido a que dicha situación los podría llevar a la informalidad pues será mejor pagarlo por fuera, donde no te pidan algo, pero el contrabando y la piratería se empezarían a acrecentar.

Apenas el 8 de octubre este diario publicó que notarios, corredores públicos, agencias automotrices y diversas empresas comerciales han promovido una cascada de amparos contra dicha ley que ha provocado confusión entre jueces.

Entre las empresas que han recurrido a dicho instrumento para protegerse contra las disposiciones de la nueva ley se encuentran cadenas comerciales como El Palacio de Hierro, Sears, Sanborns y Liverpool.