a propuesta de gravar los refrescos azucarados generó una intensa polémica que trasciende con mucho a la clase política y que ha abordado, además de los aspectos fiscal y nutricional, el agrario, el comercial y otros. Como se recordará, el Ejecutivo federal argumentó la pertinencia de ese impuesto, contenido en su iniciativa de reforma fiscal, como manera de combatir la obesidad y la diabetes, enfermedades que se han convertido en severos problemas de salud pública. Desde esta perspectiva la propuesta es inatacable, pero le faltan diversas consideraciones que resulta pertinente mencionar.

La primera es que, a consecuencia del cambio de alimentación inducido por la globalización, la inserción del país en la economía mundial y la implantación del modelo neoliberal en el país, las bebidas referidas constituyen, junto con los panes industrializados, una de las principales fuentes calóricas para las mayorías de la población.

La política económica y el desinterés creciente de las instituciones en la alimentación popular, así como la corrupción han favorecido el predominio en el mercado de transnacionales refresqueras y de monopolios de la panificación, en detrimento no sólo de miles de pequeños productores, sino de la salud de la sociedad en general. En tal circunstancia, el gravamen referido puede ser un paso necesario, pero insuficiente en el combate a las distorsiones alimenticias que afectan al país. Más aun, sin una acción resuelta, coherente y sostenida en materia de alimentación de calidad, el impuesto a las bebidas azucaradas podría derivar en una medida meramente recaudatoria que golpearía sobre todo a los sectores más desfavorecidos, que son precisamente los que dependen en mayor medida de los refrescos con azúcar para la obtención de calorías.

Otro hecho que debe ser tomado en cuenta es que en la elaboración de muchas bebidas gaseosas industriales no se emplea azúcar sino fructosa, sustancia cuyo consumo en grandes cantidades resulta igualmente perjudicial para la salud, o bien, en el caso de los refrescos dietéticos, edulcorantes químicos que han sido señalados como desencadenadores de diversos padecimientos. Si el gravamen propuesto se aplicara únicamente a las bebidas endulzadas con azúcar, ello crearía una situación de evidente desventaja para los productores locales que aún emplean esta sustancia e impulsaría la expansión en el mercado de productos dietéticos cuyo consumo no conlleva beneficio alguno con respecto de los otros.

Con estos elementos resulta claro que la iniciativa de impuesto a las bebidas azucaradas debe ampliarse a todas las endulzadas, sea cual sea el edulcorante empleado, y acompañarse de acciones concretas que permitan la reconstrucción de los hábitos alimenticios saludables, los cuales han sido devastados y pervertidos por la influencia irrestricta del mercado –valga decir, del afán de lucro desmedido, de la mercadotecnia, de las prácticas monopólicas y de la connivencia entre autoridades y grandes corporaciones– en la sociedad.