os atropellos a la razón y a la democracia que se están cometiendo con la reforma al régimen laboral de los maestros, disfrazada de reforma educativa, obliga a repetir, de acuerdo con la Constitución, la democracia es “no solamente una estructura jurídica y un régimen político, sino… un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. La mal llamada reforma educativa violenta la estructura jurídica democrática, violenta un régimen político democrático y contraviene el mandato de mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales del pueblo, pues ni siquiera toma nota de esas condiciones. Por lo tanto, dicha reforma es, en esencia, anticonstitucional.

Nadie ignora, y ni los actores políticos involucrados esconden, que esa reforma fue acordada en ese mecanismo de negociaciones oscuras y corruptas, ajeno al pueblo y a las formas de gobierno que éste se ha dado, llamado Pacto por México. El Congreso de la Unión y los congresos estatales, la soberanía pues, fueron rebajados a la condición de comparsas. En las sesiones en las cuales se aprobaron las reformas constitucionales y las leyes secundarias, PRI, PAN y sus adláteres (incluyendo una fracción del PRD) violaron, sin pudor, la reglamentación de esos cuerpos legislativos y se burlaron de los pocos representantes populares que pedían que se escucharan y discutieran sus razones.

En una frase sintética y clara, que tomo como ejemplo, Jesús Silva Hérzog Márques, en un artículo titulado Un gobierno sin argumentos el cual, leído a la luz de la reforma educativa no tiene desperdicio (perdón por la frase hecha), dice: La democracia puede entenderse como un complejo proceso deliberativo, es decir, un régimen exigente no sólo con la legalidad sino con la argumentación. Este antidemocrático régimen que domina a nuestro país (los tres poderes incluidos), además de violentar la legalidad, se niega a discutir, no sólo con la oposición partidaria y las organizaciones que han impulsado la creciente movilización social en contra de la reforma educativa, sino se niega a discutir con académicos y especialistas que el mismo régimen ha reconocido como autoridades en la materia.

En marzo, después de aprobadas las reformas a la Constitución, y cinco meses antes de la aprobación de las leyes secundarias, el Senado organizó el seminario La reforma constitucional en materia educativa: alcances y desafíos, producto del cual publicó un libro de 250 páginas con ensayos cuyo fin es contribuir al conocimiento de la realidad educativa nacional y ofrecer un insumo para la deliberación de los legisladores. Evidentemente, en el proceso de aprobación de esas leyes secundarias, los legisladores ignoraron olímpicamente este insumo; se entiende, habían decidido no deliberar, sino acatar e imponer lo acordado en el pacto.

El libro, publicado por el Instituto Belisario Domínguez, fue coordinado por Rodolfo Ramírez, experimentado profesor de educación primaria, director de la valiosa revista Cero en Conducta, ex director de Investigación Educativa de la SEP y autor de innumerables trabajos sobre educación. En la introducción el profesor Ramírez advierte: “La experiencia nacional y la de otros países indican que las posibilidades de que una reforma logre sus finalidades dependen, además de otros factores, del involucramiento efectivo de los protagonistas en la elaboración de criterios y en la definición y ejecución de acciones. En consecuencia, es indispensable promover la participación de los protagonistas –personal docente, directivo y autoridades de los estados– en la elaboración de la legislación reglamentaria y demás acciones derivadas de la reforma…” En otro de los trabajos que integran la obra, Mario Rueda, prominente investigador especialista en evaluación educativa y ex director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación coincide con esa advertencia y señala: “La opinión de los maestros y la maestras es fundamental porque ellos son, en gran medida, los operadores de la reforma… Es indispensable incluir las voces de los representantes estudiantiles y de los padres de familia, pues a ellos también les corresponderá, en gran medida, operar esta reforma…”

Trabajo inútil de esos distinguidos especialistas, pues ni senadores (ni diputados) hicieron esfuerzo alguno para consultar a maestros, padres de familia y estudiantes ni escucharon las multitudinarias voces que se expresaron y se siguen expresando en el país. Sólo escucharon los dictados del Pacto por México, quienes dócilmente siguieron el guión elaborado por Televisa/Mexicanos Primero y la OCDE y los apremios derivados de los intereses políticos del gobierno de Peña Nieto.

En todos los trabajos publicados en el libro se reconocen la necesidad de una reforma educativa y la puesta en marcha de un sistema de evaluación del magisterio, pero, advierte el profesor Ramírez, el diseño de ese sistema no puede sujetarse a la exigencias de legitimación de los poderes públicos y de los ritmos de la política educativa, casi siempre dominada por el corto plazo. A esta advertencia se suma Elsie Rockwell, quien conoce de manera profunda la vida de las escuelas mexicanas: Las medidas tomadas según los tiempos políticos, marcados por las promesas de campaña y la urgencia de lograr resultados visibles y políticamente rentables a corto plazo, tienden a ser contraproducentes, pues interrumpen los procesos necesariamente largos de consolidación de las reformas de las escuelas. Este trabajo, Complejidad del trabajo docente y retos de su evaluación, es otro valioso insumo ignorado por los legisladores. Su consideración amerita otro espacio como este.

En la precipitada persecución de sus intereses políticos el gobierno actual atropella la razón, la fachada de democracia que es este régimen, atropella a maestros, estudiantes, padres de familia y atropella el trabajo de los profesionales académicos dedicados a la educación y convocados para discutir.