El potencial de inversión minera en México se ha multiplicado porque las empresas que participan en el sector no tienen que contribuir al erario ni están obligadas con las comunidades donde se asientan. Sólo pagan impuesto sobre la renta, el cual es acreditable gracias al Convenio de Eliminación de Doble Tributación firmado por los gobiernos de México y Canadá.

Durante el gobierno de Felipe Calderón se favoreció a los canadienses para que no fueran gravados con impuestos de naturaleza equiparable, en un mismo periodo, por dos o más jurisdicciones fiscales nacionales.

También se garantizó reducir las cargas fiscales por consolidación y reducir impuestos por dividendos. Por tanto, no sorprende que desde los años 90 del siglo XX hasta la actualidad la inversión minera extranjera, sobre todo canadiense, ha crecido de manera exponencial y el país ha perdido 96 millones de hectáreas en concesiones, sin contar las pérdidas del erario, porque las recientes administraciones han liberado las políticas comerciales sin aplicar un mínimo control de impuestos.